Contexto y antecedentes

La tutela fue interpuesta por las personas afectadas frente a resoluciones emitidas por la inspección de policía y la secretaría de gobierno del municipio de Villamaría, que ordenaban la demolición de viviendas construidas sin licencia en terrenos cuya propiedad aún no ha sido determinada judicialmente. Dichas resoluciones surgieron tras una querella policiva promovida para hacer valer un supuesto derecho de dominio sobre los predios en disputa. Las personas tutelantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la vivienda digna, el mínimo vital y el debido proceso, dado que la orden de demolición afectaba su situación familiar y social, especialmente por tratarse de madres cabeza de hogar con menores a su cargo. Por ello solicitaron la suspensión de la demolición y la anulación de las resoluciones.

Procedimientos legales paralelos

El caso incluye procesos judiciales en curso sobre la posesión y propiedad de los predios en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamaría. Además, se adelantó una acción de cumplimiento promovida por la empresa reclamante para que se ejecutara la demolición ordenada, la cual fue declarada improcedente por el Juzgado Administrativo de Manizales.

Decisión judicial y fundamentos

El Tribunal Administrativo de Caldas, luego confirmado por el Consejo de Estado, amparó parcialmente la tutela. Se ordenó a la inspección de policía y a la alcaldía abstenerse de continuar con la demolición hasta que se resuelva el proceso judicial sobre la propiedad de los terrenos. Asimismo, se dejó sin efectos una resolución de la Secretaría de Gobierno que negó la legitimación para tramitar el saneamiento de la vivienda a uno de los poseedores. El...