El pasado 27 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió una sentencia que amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al manejo racional de los recursos naturales, al uso del espacio público y a la defensa del patrimonio público en relación con la ocupación de las sabanas comunales del corregimiento de Guaymaral. La acción fue interpuesta por un ciudadano popular en contra de la Agencia Nacional de Tierras y el Municipio de Valledupar, quienes fueron señalados por permitir la ocupación irregular de estos terrenos. Entre las órdenes emitidas por el Tribunal se destacan: que el Municipio de Valledupar ejerza de manera inmediata funciones de control y vigilancia ambiental en la zona, aplicando medidas coercitivas contra infractores; y que la Agencia Nacional de Tierras adelante en un plazo máximo de seis meses el procedimiento para expedir un reglamento de uso y manejo de la sabana comunal, que establezca reglas claras sobre áreas, usos, obligaciones y condiciones de permanencia conforme al Acuerdo 058 de 2018. Adicionalmente, se ordenó conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, integrado por representantes de las entidades involucradas, la comunidad y órganos de control, con informes bimensuales a la corporación judicial. Inconforme con esta decisión, la Agencia Nacional de Tierras interpuso recurso de apelación de forma oportuna, el cual fue admitido por el Consejo de Estado el 2 de julio de 2025. En el recurso, la entidad aportó documentos que evidencian avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales, incluyendo un memorando, actas de socialización del acuerdo mencionado y...