Antecedentes del caso

El proceso se inició en enero de 2014 cuando la empresa demandante presentó una acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Organismo Nacional de Acreditación, la Concesión Runt S.A. y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La demanda buscaba que se declarara la responsabilidad patrimonial de estas entidades por perjuicios ocasionados que impidieron a la sociedad desarrollar su objeto social. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones en febrero de 2019. La parte demandante apeló esta decisión y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitió sentencia en febrero de 2025, modificando parcialmente la decisión anterior. En dicha providencia, se declaró probada la excepción de cláusula compromisoria, se terminó el proceso frente a pretensiones contra el Organismo Nacional de Acreditación y se declaró la caducidad del medio de control respecto a pretensiones relacionadas con centros de reconocimiento de conductores de la demandante.

Solicitud de aclaración y modificación

En marzo de 2025, la parte demandante solicitó aclaración y modificación de dicha sentencia, argumentando que la cláusula compromisoria no configuraba excepción y que la caducidad no debía contarse desde octubre de 2011, pues hubo hechos posteriores generadores del daño alegado.

Consideraciones de la Sala

La Sala recordó que, conforme al principio de seguridad jurídica, las sentencias no pueden ser modificadas por el mismo juez que las profirió, perdiendo competencia funcional sobre el asunto. Sin embargo, se permite excepcionalmente la aclaración para resolver dudas sobre conceptos o frases esenciales en la parte resolutiva. Analizando el caso, la Sala determinó que la solicitud fue presentada dentro del término legal para aclaración. No obstante, concluyó que la petición no tenía por objeto aclarar conceptos oscuros o dudosos en la sentencia, sino reabrir la discusión sobre el fondo del fallo, lo cual no es procedente en esta figura. Por ello, se rechazó la solicitud de modificación y se negó la aclaración solicitada.

Conclusión

El Consejo de Estado ratificó la decisión de segunda instancia en el proceso de reparación directa, reafirmando la improcedencia de modificar sentencias y la limitación del recurso de aclaración a cuestiones estrictamente aclaratorias. Con esta providencia, el expediente será devuelto al tribunal de origen una vez quede en firme la decisión. Esta resolución enfatiza la importancia de respetar la competencia funcional y los límites de los recursos jurisdiccionales para garantizar la seguridad jurídica, asegurando así la estabilidad y predictibilidad en los procesos judiciales relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado.

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Consejo de Estado rechaza solicitud de aclaración y modificación de sentencia en caso de reparación directa contra Ministerio de Transporte

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