Antecedentes del caso

La controversia se originó por la demanda interpuesta por una empresa privada contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de declarar la nulidad de ciertas resoluciones relacionadas con la adjudicación de una licitación pública y el contrato celebrado posteriormente con un tercero. La demandante solicitó además la reparación de perjuicios derivados de la no escogencia en el proceso. En primera instancia, el Tribunal Administrativo negó las pretensiones de la demanda y la parte actora interpuso recurso de apelación. Durante el trámite, la demandante solicitó el decreto de una prueba en segunda instancia, consistente en un oficio emitido por el Ministerio TIC, que buscaba desvirtuar la condena en costas impuesta en la sentencia apelada.

Decisión sobre la prueba solicitada

El despacho judicial negó la solicitud de decreto probatorio, argumentando que el documento aportado no corresponde a un hecho procesal sobreviniente en los términos de la Ley 1437 de 2011. La expedición de la sentencia de primera instancia no modifica los hechos que dieron origen al litigio, por lo que no habilita la apertura de una nueva etapa probatoria. Además, se destacó que la prueba pretendía controvertir la condena en costas y su cuantía, aspectos que deben ser debatidos en el recurso de apelación con base en el material probatorio recaudado oportunamente. La negativa no implica una limitación indebida de las facultades procesales, sino el cumplimiento de los requisitos legales para la práctica de pruebas en segunda instancia.

Fundamentos y conclusiones

El Consejo de Estado resaltó que el artículo 212.3 de la Ley 1437 de 2011 permite el decreto...