Antecedentes del caso

Una sociedad demandante interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra una liquidación oficial emitida por la DIAN. Entre las pruebas solicitadas, se pidió que se oficie a la DIAN para que informe si había practicado requerimientos especiales respecto del IVA a varias compañías durante los años 2019 o 2020, relacionados con la exclusión del impuesto en la venta de computadores personales cuyo valor superaba 50 UVT. La DIAN se opuso al decreto de prueba argumentando que dicha información es reservada según el Estatuto Tributario y que la prueba no era pertinente para el proceso. El Tribunal Administrativo negó la solicitud, señalando que la demandante podía haber obtenido la información mediante derecho de petición y no acreditó imposibilidad para hacerlo.

Análisis jurídico

El Consejo de Estado revisó el recurso de apelación y concluyó que la prueba documental solicitada corresponde a información tributaria de terceros, la cual tiene carácter reservado conforme a los artículos 583 y 693 del Estatuto Tributario. Por tanto, no era posible que la parte demandante la obtuviera mediante derecho de petición, lo que hace inaplicable la razón del Tribunal para negar la prueba. Sin embargo, el Consejo encontró que la petición no cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad establecidos en el Código General del Proceso. La prueba solicitada no tiene relación directa con los problemas jurídicos centrales del proceso, que se enfocan en la legalidad de la liquidación oficial y la interpretación del artículo 424 del Estatuto Tributario, y no en demostrar procedimientos administrativos contra otras empresas.

Decisión final

Por...