Antecedentes del caso

En octubre de 2020, se formuló una demanda mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el objetivo de anular la resolución que ordenó el retiro del servicio activo de la parte demandante. En junio de 2022, durante la audiencia inicial, el tribunal decretó pruebas documentales y testimoniales solicitadas por ambas partes, pero negó el decreto de la declaración de parte solicitada por el demandante.

Decisión y fundamentos

La negación de la declaración de parte se basó en el artículo 198 del Código General del Proceso, que establece que dicho medio de prueba busca obtener una confesión del interrogado. En este sentido, la declaración de parte respecto de sí mismo no es procedente, pues el demandante no puede constituir pruebas en su propio favor mediante su declaración. El Consejo de Estado, al resolver la apelación, confirmó que los medios de prueba deben cumplir con los principios de conducencia, pertinencia y utilidad para ser admitidos. La prueba debe ser idónea para demostrar los hechos controvertidos y relevante para el objeto del proceso. En el caso concreto, el tribunal consideró que la declaración solicitada no cumple estos requisitos, ya que se trata de un juicio de legalidad que se puede resolver con las pruebas documentales y testimoniales decretadas.

Impacto para procesos administrativos

Esta decisión reafirma que en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos, especialmente cuando se trata de actos de desvinculación del servicio activo, la declaración de parte respecto de sí mismo no es un medio de prueba adecuado. Los jueces deben valorar con rigor la admisión de pruebas para garantizar el debido proceso y evitar pruebas superfluas o inútiles. La providencia confirma la importancia de aplicar correctamente los criterios probatorios para asegurar la eficacia y transparencia en la administración de justicia administrativa.

Vigencia y ejecución

La resolución fue proferida en junio de 2025 y es definitiva. Tras su ejecutoria, el expediente será devuelto al tribunal de origen para continuar con el trámite correspondiente. Esta decisión sienta un precedente relevante para la admisión de pruebas en procesos contencioso-administrativos relacionados con actos de la administración pública, estableciendo un marco claro sobre la inadmisibilidad de la declaración de parte cuando esta no cumple con los requisitos legales y procesales establecidos. Así, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve un proceso judicial más objetivo y equilibrado.

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Consejo de Estado confirma negación de declaración de parte en proceso contra Ministerio de Defensa

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