Antecedentes del caso

La acción de reparación directa fue presentada inicialmente contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General por la privación injusta de la libertad sufrida por una de las demandantes. El Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones. Posteriormente, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, y tras diversas diligencias y alegatos, las partes lograron un acuerdo conciliatorio que fue aprobado por la Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en febrero de 2015.

Corrección del auto y fundamentos jurídicos

Posterior a la aprobación del acuerdo, la parte actora solicitó la corrección de un error en el nombre consignado en el auto, específicamente la omisión del primer nombre de uno de los demandantes. La Sala consideró procedente esta solicitud basándose en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por remisión del Código Contencioso Administrativo. Este precepto permite la corrección en cualquier tiempo de errores por omisión o alteración en las providencias judiciales.

Decisión y alcance

El Consejo de Estado modificó el ordinal primero de la parte resolutiva del auto para corregir el nombre del demandante afectado. Esta corrección garantiza la exactitud y validez del documento judicial sin alterar el fondo del acuerdo conciliatorio. La providencia fue notificada y, una vez en firme, el expediente será devuelto al tribunal de origen para los trámites correspondientes. Esta resolución destaca la importancia de la precisión en los documentos judiciales y confirma la facultad de la jurisdicción contencioso administrativa para corregir errores formales en sus providencias, asegurando así la correcta administración de justicia....