Antecedentes del caso

La acción de reparación directa fue presentada inicialmente contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General por la privación injusta de la libertad sufrida por una de las demandantes. El Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones. Posteriormente, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, y tras diversas diligencias y alegatos, las partes lograron un acuerdo conciliatorio que fue aprobado por la Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en febrero de 2015.

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