Antecedentes del caso

El proceso inició con una demanda presentada por el hijo único y heredero legítimo de una persona fallecida, en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura. La demanda busca que se declare la responsabilidad administrativa por presuntos perjuicios derivados de la conducta del secuestre designado en un proceso ejecutivo laboral contra la causante, bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El tribunal administrativo negó inicialmente las pretensiones, pero la parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue admitido y se encuentra en trámite. Durante el proceso, se detectaron inconsistencias en los documentos que acreditan el parentesco entre el demandante y la causante, generando dudas sobre la legitimación activa.

Pruebas de oficio y facultades judiciales

De acuerdo con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, la autoridad judicial puede decretar de oficio pruebas necesarias para esclarecer la verdad, incluso después de agotadas las etapas probatorias, mediante auto de mejor proveer. Esta facultad se aplica para aclarar puntos oscuros o dudosos que ya estén en el proceso.

Implicaciones en el caso concreto

El demandante presentó como prueba documental una partida de bautismo que indicaba ser hijo de la causante, pero se encontraron inconsistencias con otros documentos, como registros civiles y certificados de defunción, que generan incertidumbre sobre el parentesco. Además, documentos sugieren que el demandante podría haber sido adoptado o reconocido como hijo extramatrimonial, hechos no probados formalmente. Dado que la prueba del estado civil se acredita principalmente con registros civiles, y ante la falta de certeza probatoria, la Sala...