La sección tercera del Consejo de Estado, en decisión reciente, analizó la solicitud de pruebas de segunda instancia presentada en un proceso contra un hospital universitario público, acusado de una presunta falla en el servicio médico que habría causado la muerte de un recién nacido. El caso se remonta a una demanda interpuesta en 2010, en la que se solicitó declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del hospital. En primera instancia, el tribunal administrativo negó las pretensiones, argumentando que no se había probado la falla en el servicio debido a la valoración de documentos técnicos y científicos. La parte demandante apeló la decisión, alegando errores en la valoración probatoria y aportando diversos documentos para sustentar sus reclamaciones. Sin embargo, el Consejo de Estado recordó que las pruebas en segunda instancia son excepcionales y solo proceden en casos específicos establecidos por el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Estos supuestos incluyen, entre otros, la imposibilidad de practicar pruebas en primera instancia sin culpa de la parte, hechos nuevos ocurridos luego del término para presentar pruebas, o documentos que no pudieron ser aportados por fuerza mayor. En el análisis particular, la sala concluyó que la literatura médica presentada tenía como único propósito aclarar aspectos técnicos de otras pruebas ya existentes, pero no podía reemplazar la carga probatoria exigida. Asimismo, la guía médica aportada ya había sido incorporada al expediente y valorada en primera instancia. Por último, la solicitud de registros del talento humano en salud para acreditar la especialización de los profesionales que atendieron a la paciente fue...