El Consejo de Estado, en sesión del 19 de mayo de 2025, resolvió los recursos de apelación presentados en un proceso de controversia contractual entre el municipio de Yopal, una fundación contratista y la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento. La demanda inicial del municipio buscaba declarar el incumplimiento y la liquidación judicial del contrato de consultoría No. 1123 de 2012, cuyo objeto fue la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la casa integral de la mujer y la familia y del hogar geriátrico de Yopal.

Antecedentes y planteamientos de las partes

El contrato, con un valor superior a 432 millones de pesos y plazo de dos meses, fue terminado mediante acta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, la interventoría no aprobó los productos entregados, y la contratista no realizó los ajustes requeridos, lo que impidió la liquidación y evidenció un supuesto incumplimiento. La aseguradora se opuso alegando que la fundación cumplió sus obligaciones y propuso excepciones de ineptitud de la demanda y prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. La fundación negó el incumplimiento y formuló demanda de reconvención por incumplimiento del municipio.

Decisiones del tribunal y apelaciones

El Tribunal Administrativo de Casanare, en marzo de 2020, negó las excepciones de la aseguradora relativas a prescripción e ineptitud de la demanda y declaró de oficio la caducidad respecto de la demanda de reconvención presentada por la fundación por haberse interpuesto fuera del plazo legal. La aseguradora apeló las decisiones sobre prescripción, ineptitud y la improcedencia del llamamiento en garantía hecho por la fundación. La fundación apeló la declaración de caducidad.

Análisis del Consejo de Estado

La Sala confirmó que la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro debía contarse desde el momento en que el municipio tuvo conocimiento del incumplimiento, identificado en un oficio oficial del 9 de octubre de 2014 que detallaba las deficiencias técnicas en los diseños entregados. Por tanto, la demanda presentada en septiembre de 2015 no estaba prescrita. Respecto a la ineptitud de la demanda, la Sala consideró que el escrito inicial cumplía con los requisitos formales y que las pretensiones eran claras y coherentes con el medio de control de controversias contractuales, por lo que no prosperó la excepción planteada por la aseguradora. Sobre la caducidad de la demanda de reconvención, se confirmó que la presentación fuera del plazo legal de dos años desde la terminación del contrato impidió su procedencia, y que dicha caducidad es un presupuesto procesal irrenunciable que debe ser declarado de oficio. Finalmente, se rechazó por improcedente la apelación sobre la improcedencia del llamamiento en garantía, dado que esta cuestión ya había sido decidida y no era susceptible de apelación en esta etapa.

Conclusiones y pasos siguientes

El Consejo de Estado confirmó la negativa a las excepciones de prescripción e ineptitud de la demanda de la aseguradora y la caducidad de la demanda de reconvención de la fundación. Se reconoció la personería de los apoderados judiciales de las partes y se ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para continuar el trámite solo respecto a la demanda principal. Este fallo reafirma la importancia de los plazos procesales y la adecuada fundamentación en controversias contractuales que involucren entidades públicas. Además, subraya la obligación de las partes y del juez en el manejo riguroso de las excepciones y recursos procesales para garantizar seguridad jurídica y debido proceso, asegurando así la correcta administración de justicia en los procesos contractuales.