Decisión y alcance del Decreto Legislativo

La Corte Constitucional emitió el Comunicado de Prensa No. 26, fechado el 11 y 12 de junio de 2025, en el cual anunció la declaración de exequibilidad parcial del Decreto Legislativo 154 de 2025, que establece medidas de restricción a la circulación de vehículos terrestres, fluviales y aéreos en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. El comunicado, emitido por la Sala Plena de la Corte, señala que fueron declarados exequibles los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Decreto, mientras que el artículo 3 fue declarado exequible bajo condición. Esta condición limita la aplicación de la medida de registros a medios de transporte por parte de las Fuerzas Militares exclusivamente a zonas rurales sin presencia de la Policía Nacional, y establece que dicha facultad debe ejercerse bajo los principios, normas y procedimientos que regulan la actividad de policía.

Fundamentos y garantías constitucionales

La Corte fundamenta la decisión en la necesidad de controlar el orden público y prevenir conductas delictivas en una región afectada por enfrentamientos entre grupos armados organizados, buscando proteger a la población civil y fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública. Asimismo, se destaca que las medidas adoptadas cumplen con los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución y la Ley Estatutaria sobre Estados de Excepción, garantizando que las restricciones sean proporcionales, necesarias y no vulneren el núcleo esencial del derecho a la libre circulación.

Coordinación y responsabilidad en la aplicación de las medidas

Finalmente, el comunicado resalta la importancia de que las autoridades civiles coordinen las medidas con las comunidades indígenas afectadas y que cualquier abuso por parte de funcionarios en el ejercicio de estas facultades será sujeto a responsabilidad civil, fiscal, disciplinaria y penal. La sentencia completa estará disponible a partir del 7 de julio de 2025, momento en el cual se conocerán todos los detalles y fundamentos jurídicos de la decisión adoptada por la Corte Constitucional.