Contexto y régimen jurídico aplicable

El proceso de selección para la formulación, revisión y actualización de planes maestros de acueducto y alcantarillado en varios municipios de Cundinamarca fue adelantado por una empresa pública de servicios domiciliarios oficial, actuando como gestora del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP-PDA). Aunque esta entidad suele regirse por normas de derecho privado, en este procedimiento aplicó el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a los decretos vigentes que regulan su actuación como gestora del programa.

Disputa sobre criterios de desempate y adjudicación

El concurso de méritos enfrentó un empate técnico entre varias propuestas, incluyendo una presentada por una micro, pequeña o mediana empresa (mipyme) de forma individual y otras presentadas por consorcios conformados exclusivamente por mipymes. El pliego de condiciones estableció criterios de desempate que otorgaban igual preferencia a propuestas presentadas por mipymes en forma individual o por figuras asociativas exclusivamente conformadas por mipymes, basándose en una interpretación del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y en un manual de incentivos emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública. La mipyme individual demandante alegó que este criterio adulteraba el orden legal, pues el decreto establecía preferencia únicamente para propuestas individuales de mipymes, y solicitó la nulidad del acto de adjudicación y de los contratos suscritos con el adjudicatario.

Análisis judicial y decisión

El Tribunal Administrativo de primera instancia negó las pretensiones, argumentando que la demandante no presentó oportunamente sus observaciones al pliego de condiciones y que los criterios aplicados se ajustaban a la normativa. En apelación, el Consejo de Estado confirmó la decisión, resaltando que: - El proceso de participación en la construcción del pliego de condiciones es fundamental para garantizar claridad y justicia en la contratación pública. - Aunque no se pudo determinar con certeza si la demandante formuló observaciones en las etapas previstas, sí expresó su inconformidad durante la audiencia de apertura de sobres económicos, y la entidad analizó esa observación. - La interpretación del criterio de desempate que iguala las propuestas de mipymes individuales y las presentadas por figuras asociativas exclusivamente conformadas por mipymes es razonable y coherente con la finalidad del decreto y el Estatuto de Contratación, evitando un trato diferencial arbitrario. - Los manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública, aunque no obligatorios, orientaron adecuadamente la confección del pliego y la adjudicación. - No se demostró que el consorcio adjudicatario no estuviera conformado exclusivamente por mipymes, y la demanda no cuestionó este aspecto en su escrito inicial. Por tanto, se declaró que el acto administrativo de adjudicación y los contratos derivados no violaron la normativa aplicable.

Implicaciones y conclusiones

Esta sentencia reitera la importancia de respetar los procedimientos y criterios establecidos en los procesos de contratación estatal y reconoce la flexibilidad para interpretar normas en función de su espíritu y finalidad, especialmente en lo relacionado con el apoyo a mipymes. Además, resalta la función de los interesados en participar activamente en la construcción de los pliegos de condiciones para evitar controversias posteriores. Finalmente, la Sala condenó en costas a la parte demandante y confirmó la legalidad del acto de adjudicación y de los contratos del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, concluyendo así el proceso y estableciendo un precedente importante para futuras contrataciones públicas orientadas a la inclusión y el apoyo a las mipymes en Colombia.