Antecedentes del caso

La administradora colombiana de pensiones instauró un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra una resolución mediante la cual se reconoció un porcentaje de pensión de sobrevivientes a favor de una beneficiaria. La demanda busca anular parcialmente dicha resolución y ordenar la restitución de sumas pagadas por mesadas pensionales y aportes en salud. Inicialmente, el conocimiento de la demanda correspondió a un juzgado administrativo del circuito de Buga, que remitió el asunto a otro juzgado administrativo de la misma ciudad. Posteriormente, ese juzgado administrativo declaró su falta de competencia para conocer el caso y remitió las diligencias a la jurisdicción ordinaria laboral, argumentando que el demandado no tenía calidad de empleado público. La jurisdicción laboral rechazó la demanda por razón de cuantía y remitió el proceso a los juzgados municipales de pequeñas causas laborales. Sin embargo, el juzgado municipal de pequeñas causas laborales declaró su falta de competencia y planteó el conflicto negativo de jurisdicción ante la Corte Constitucional.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional es competente para resolver conflictos entre jurisdicciones según el artículo 241 de la Constitución Política. Para que exista un conflicto entre jurisdicciones se deben cumplir tres presupuestos: subjetivo (autoridades en conflicto pertenecen a distintas jurisdicciones), objetivo (una causa judicial en disputa) y normativo (fundamento legal para la negativa de competencia). En este caso, se cumplió cada presupuesto, pues el conflicto se dio entre un juzgado administrativo y un juzgado municipal de pequeñas causas laborales, en relación con una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la administradora colombiana de pensiones. La Corte reiteró que la competencia para conocer las acciones de lesividad, es decir, aquellas que la administración interpone contra sus propios actos administrativos, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a los artículos 97 y 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esto incluye actos relacionados con asuntos laborales o de seguridad social. El juzgado administrativo fue declarado competente para conocer del proceso, en línea con la jurisprudencia que establece que la acción de lesividad no puede ser conocida por la jurisdicción laboral ordinaria.

Decisión final

La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones, declarando que el conocimiento del proceso corresponde al juzgado administrativo del circuito de Buga. Se ordenó remitir el expediente a dicho juzgado para que continúe con el trámite y se comunique la decisión al juzgado municipal de pequeñas causas laborales. Además, se dispuso comunicar la resolución a los interesados. Esta decisión reafirma la competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer demandas de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por entidades públicas contra sus propios actos administrativos, consolidando la seguridad jurídica en materia de acciones de lesividad y evitando incertidumbres sobre la competencia judicial en estos casos. Con ello, se garantiza un adecuado acceso a la justicia y una correcta interpretación del marco normativo aplicable.

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La Corte Constitucional dirime conflicto de jurisdicción en acción de nulidad y restablecimiento del derecho

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