Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta contra una entidad financiera por la presunta vulneración de derechos fundamentales relacionados con la protección de datos personales. El accionante solicitó la eliminación de reportes negativos asociados a una obligación financiera en centrales de información crediticia, alegando que estos datos presentaban una antigüedad que activaba la caducidad del reporte negativo conforme a la ley vigente. Inicialmente, el juzgado penal municipal con función de conocimiento de Bogotá se declaró incompetente por considerar que los efectos de la presunta vulneración se extendían al municipio de Ocaña y que el accionante tenía domicilio en Medellín. Por su parte, el juzgado civil municipal de oralidad de Ocaña señaló que debía respetarse la elección del accionante para que el juzgado de Bogotá conociera del caso, generando un conflicto negativo de competencia que fue remitido a la corte constitucional.

Consideraciones sobre la competencia territorial en materia de tutela

La corte constitucional recordó que la competencia en materia de tutela se asigna principalmente por tres factores: territorial, subjetivo y funcional. En cuanto al factor territorial, son competentes a prevención los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o amenaza que motiva la acción, o donde se produzcan sus efectos. Además, la corte resaltó que, en caso de divergencia entre autoridades con competencia territorial válida, debe prevalecer la elección legítima del demandante, conforme al principio de “a prevención”. Sin embargo, la competencia no puede determinarse únicamente por el domicilio del accionante o la sede del ente demandado, sino por el lugar de ocurrencia o efectos de la vulneración.

Decisión y efectos prácticos

Tras...