La Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales, intervino para dirimir un conflicto negativo de competencia suscitado entre dos juzgados en Arauca, en relación con una acción de tutela presentada contra el Ejército Nacional. La tutela fue interpuesta por un ciudadano que alegó la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, debido a la negativa de la entidad militar de cambiar la modalidad y duración de su servicio militar obligatorio. El conflicto se originó porque el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Arauca se declaró incompetente para conocer el caso, argumentando que la presunta vulneración de derechos ocurrió en el corregimiento donde está ubicado el Batallón de Artillería de Campaña No. 18, perteneciente al municipio de Arauquita, que pertenece a la jurisdicción del Circuito de Saravena. En consecuencia, remitió el expediente al juzgado de familia de ese circuito. Sin embargo, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Saravena también declaró su falta de competencia, sustentando que la autoridad administrativa con categoría de circuito, en este caso el juzgado administrativo, debía conocer la tutela contra una entidad pública nacional como el Ejército.

Análisis jurídico y decisión de la Corte

La Sala Plena analizó el caso bajo el marco del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece que la competencia en materia de tutela se asigna "a prevención" al juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o donde se producen sus efectos. En este caso, tanto la presunta vulneración como sus efectos se dieron en el municipio de Arauquita, parte del Circuito Judicial de Saravena. Por ello, la Corte concluyó que el juzgado competente para tramitar y decidir la acción de tutela es el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Saravena, y dejó sin efectos la decisión previa que había declarado incompetente a este juzgado. Esta decisión reafirma la importancia del factor territorial en la asignación de competencia en materia de tutela y la prevalencia de la elección del accionante, evitando que las reglas administrativas o acuerdos internos de la judicatura prevalezcan sobre la normativa constitucional y legal vigente.

Implicaciones y medidas adoptadas

Finalmente, la Corte ordenó la remisión inmediata del expediente al juzgado competente para que continúe con la tramitación del proceso y se adopte la decisión correspondiente. Además, se comunicó la providencia a las autoridades involucradas y al accionante para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Esta resolución contribuye a clarificar los criterios de competencia en casos de tutela contra entidades públicas nacionales, en especial cuando se presentan conflictos territoriales entre juzgados, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la agilidad procesal en la administración de justicia. Con esta decisión, la Corte Constitucional fortalece el sistema judicial y reafirma su compromiso con la protección de los derechos ciudadanos frente a entidades estatales.