Antecedentes del caso

Una acción de tutela fue interpuesta contra una entidad especial del orden nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la vida debido a un cambio injustificado en la sede de atención en salud asignada. El accionante y su compañera permanente habían sido trasladados sin consentimiento a una sede diferente a la de su municipio de residencia y trabajo. Inicialmente, el juzgado promiscuo municipal del lugar de residencia se declaró incompetente para conocer la tutela, argumentando que la competencia correspondía a juzgados del circuito debido a la naturaleza nacional de las entidades accionadas, basándose en reglas de reparto contenidas en decretos reglamentarios. Posteriormente, el juzgado administrativo del circuito planteó un conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para su resolución.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte recordó que la competencia para resolver conflictos en materia de tutela corresponde, en principio, a las autoridades judiciales previstas en la ley estatutaria, y que su intervención es residual, aplicándose cuando no exista otra autoridad designada o por razones de celeridad y sumariedad propias de la tutela. Se destacó que existen tres factores para determinar competencia en tutelas: territorial, subjetivo y funcional. En este caso, no se demostró que el juzgado que inicialmente asumió la tutela incumpliera alguno de estos factores. Además, las reglas administrativas de reparto contenidas en decretos no modifican la competencia judicial ni pueden ser invocadas para abstenerse de conocer la tutela o para suscitar conflictos aparentes de competencia. Por ello, la Corte concluyó que...