Antecedentes del caso

El conflicto surgió a partir de una demanda ordinaria laboral presentada contra el Banco de la República, en la que se solicitaba declarar la existencia de una relación laboral desde 2013 hasta 2018 mediante un contrato a término indefinido, basado en el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Además, se pidió condenar al pago de diferencias salariales, prestaciones sociales y el reintegro al cargo, argumentando la aplicación de un fuero circunstancial derivado de un conflicto colectivo vigente al momento de la terminación de la relación laboral. La demanda se fundamentó en la suscripción sucesiva de contratos por obra o labor con empresas intermediarias que prestaban servicios al Banco. La parte demandante alegó que, aunque la relación laboral fue formalizada a través de esas empresas, en la práctica existió una relación directa con el Banco de la República. También se destacó que el reintegro era procedente debido al fuero circunstancial. El Juzgado Laboral declaró falta de jurisdicción y remitió el expediente a la jurisdicción administrativa, que a su vez rechazó la competencia y planteó conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional confirmó que el caso cumple con los requisitos para dirimir un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, dada la controversia entre el Juzgado Laboral y el Juzgado Administrativo sobre quién debe conocer el proceso. Se reiteraron las reglas fijadas en precedentes judiciales recientes, señalando que aunque el Banco de la República es una entidad pública con autonomía administrativa y sometida a un régimen especial, la relación laboral con sus trabajadores oficiales corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral. En particular, el artículo 38 de la Ley 31 de 1992 establece que los trabajadores que desempeñan labores propias del Banco, sin ser miembros de la junta directiva, están sujetos al régimen laboral ordinario. Además, la Corte señaló que la determinación sobre la existencia del fuero circunstancial y la valoración de la justa causa para la terminación del contrato corresponden a la jurisdicción laboral, dado que requieren un debate probatorio extenso. Por tanto, la Sala Plena concluyó que el Juzgado Laboral del Circuito de Ibagué es competente para conocer el proceso, conforme a la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la cláusula general de competencia del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Decisión final

La Corte Constitucional declaró que el Juzgado Laboral del Circuito de Ibagué es la autoridad competente para tramitar el proceso promovido contra el Banco de la República. Asimismo, ordenó remitir el expediente a dicho juzgado para que ejerza su competencia y comunique la decisión al juzgado administrativo y a las partes involucradas. Esta resolución clarifica la jurisdicción aplicable en casos similares de presuntas relaciones laborales con entidades públicas autónomas como el Banco de la República, especialmente cuando se alegan derechos derivados del fuero circunstancial. Con esta determinación, se refuerza la garantía de acceso a la justicia de los trabajadores y se establecen criterios claros para evitar conflictos jurisdiccionales en el futuro.

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La Corte Constitucional define competencia en conflicto entre jurisdicción laboral y administrativa por relación laboral con el Banco de la República

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