Antecedentes y conflicto de competencia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) instauró una demanda verbal de rendición provocada de cuentas contra un depositario provisional, por la omisión en la entrega de informes sobre la gestión y administración de bienes encomendados por el FRISCO. Adicionalmente, solicitó el pago de una suma correspondiente a recursos recibidos durante el periodo de gestión. El juzgado civil rechazó la demanda por falta de competencia, argumentando que, dado que la SAE es una entidad con participación estatal igual o superior al 50%, el asunto debía ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Por su parte, la jurisdicción administrativa se abstuvo de conocer el caso, remitiendo el expediente al órgano de cierre y posteriormente proponiendo conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional.

Fundamentos de la Corte Constitucional

De acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver conflictos de competencia entre jurisdicciones. En este caso, se cumplían los tres presupuestos para configurar dicho conflicto: la controversia se suscitó entre dos autoridades judiciales pertenecientes a diferentes jurisdicciones, existía una causa judicial en trámite, y ambas autoridades manifestaron expresamente sus razones para asumir o rechazar la competencia. La Corte recordó su posición reiterada en autos previos, donde estableció que la jurisdicción ordinaria civil es competente para conocer procesos de rendición provocada de cuentas contra depositarios provisionales del FRISCO, siempre que no se cuestione un acto administrativo sino la gestión y responsabilidad civil del depositario. En este sentido, el proceso tiene naturaleza civil y no administrativa, y la jurisdicción contencioso administrativa carece de un trámite específico para exigir la rendición de cuentas.

Decisión y efectos prácticos

La Sala Plena declaró que corresponde al juzgado civil conocer la demanda de rendición de cuentas instaurada por la SAE contra el depositario provisional. Se ordenó remitir el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y se comunique esta decisión a las partes interesadas y a la jurisdicción administrativa involucrada. Con esta decisión, se reafirma que las demandas relacionadas con la rendición de cuentas sobre la gestión de bienes encomendados por el FRISCO deben tramitarse en la jurisdicción ordinaria civil, en tanto no se cuestionen actos administrativos, sino la responsabilidad civil derivada de la gestión. Esto contribuye a delimitar con claridad las competencias jurisdiccionales en materia de rendición de cuentas y fortalece la seguridad jurídica en este ámbito, asegurando un proceso judicial adecuado y eficaz para la protección de los intereses públicos y privados implicados.

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La jurisdicción ordinaria civil es competente en demandas de rendición de cuentas contra depositarios provisionales del FRISCO

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