La controversia se originó a partir de una demanda ejecutiva presentada por el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), entidad pública departamental con personería jurídica y autonomía administrativa, contra dos usuarios que solicitaron un crédito educativo. La demanda busca el pago de una obligación respaldada por un pagaré suscrito entre las partes. El juzgado civil municipal inicialmente declaró su falta de jurisdicción y remitió el expediente a la jurisdicción administrativa, pues consideró que se trataba de un contrato estatal con recursos públicos, y que el IDEAR no es una entidad fi ...