Antecedentes del caso

El 11 de marzo de 2025, un ciudadano presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra una parte del artículo 17 de la Ley 2094 de 2021. Este artículo establece que la sala disciplinaria estará conformada por tres integrantes elegidos mediante concurso público de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, con una vigencia de lista de elegibles de cuatro años. La demanda cuestionaba que dicha competencia para realizar el concurso de méritos correspondiera a esta comisión y no a la Procuraduría General de la Nación, alegando que esta última tiene la potestad disciplinaria y un régimen de carrera especial de origen constitucional. El demandante argumentó que la ley no cumplía con el principio de separación funcional y que la competencia disciplinaria sobre servidores públicos de elección popular debe estar exclusivamente en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, conforme a los artículos 113, 118, 130, 277 numeral 6 y 279 de la Constitución Política. Además, señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil no es una autoridad judicial ni penal y que su intervención violaría estándares internacionales como el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.

Decisiones procesales previas

Un magistrado sustanciador inadmitió inicialmente la demanda por falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los argumentos. Se señaló que la demanda no explicó adecuadamente la relación entre la competencia otorgada a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la constitucionalidad de la norma, ni presentó argumentos suficientes para cuestionar la norma de forma concreta y razonada. Tras la corrección de la demanda, el magistrado...