Contexto y antecedentes

En febrero de 2025, se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una parte del artículo 7 de la Ley 2277 de 2022, normativa que aplica una reforma tributaria orientada a la igualdad y justicia social. La demanda se centró en un posible desconocimiento del principio de confianza legítima por no incluir un régimen de transición en la materia tributaria. En abril de 2025, el Procurador General de la Nación solicitó ser relevado de la obligación de emitir concepto en este proceso, alegando una causal de impedimento basada en su participación en la expedición de la norma cuestionada. Dicha participación habría sido en su calidad anterior como Secretario General del Senado durante el trámite legislativo.

Fundamentos jurídicos sobre el impedimento

La Constitución establece que el Procurador General, como máxima autoridad del Ministerio Público, debe garantizar la defensa de los derechos humanos y la protección del interés público, incluyendo la función de rendir concepto en procesos de control de constitucionalidad. Para asegurar la imparcialidad en este ejercicio, la Corte ha aplicado, de manera adaptada, normas sobre impedimentos similares a las magistraturas. Entre las causales de impedimento está la intervención en la expedición de la norma objeto de control. Sin embargo, para que proceda este impedimento, el Procurador debe demostrar que su intervención fue activa, determinante y relacionada con el asunto que debe resolver la Corte.

Análisis de la participación del Procurador General

Se verificó que, en su calidad de Secretario General del Senado, el Procurador General cumplió funciones propias del cargo, como incluir la iniciativa en el orden del día, anunciar el proyecto de ley y suscribir la norma para su publicación. No obstante, no se encontró evidencia de que haya realizado intervenciones adicionales significativas durante el trámite legislativo que pudieran afectar su imparcialidad. Además, el cargo presentado en la demanda es de contenido sustancial, relacionado con la falta de un régimen de transición, lo cual no guarda relación directa con las funciones estrictamente administrativas que desempeñó en el Senado.

Decisión de la Corte

La Sala Plena declaró infundado el impedimento solicitado, ordenando que el Procurador General continúe con la emisión del concepto a su cargo conforme a lo establecido en la Constitución. También se levantó la suspensión de términos decretada durante el trámite del impedimento. Esta resolución reafirma la necesidad de evaluar cuidadosamente la naturaleza y alcance de la participación del Procurador en la expedición de normas para preservar la imparcialidad y objetividad en los procesos de control constitucional. Con esta decisión, la Corte garantiza que el proceso de revisión de la demanda avance con transparencia y respeto a las garantías constitucionales, fortaleciendo así la confianza en las instituciones del país.

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La Corte Constitucional declara infundado el impedimento del Procurador General de la Nación en demanda contra la reforma tributaria

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