La Corte Constitucional llevó a cabo el control automático e integral de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0131 de 2025, dictado en el contexto del estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y municipios del departamento del Cesar. Este decreto buscaba suspender ciertas normas legales para agilizar la gestión y ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40%, la Asignación para la Paz y la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías (SGR).

Medidas y alcance del decreto

El decreto establecía la presentación directa de proyectos de inversión a los órganos colegiados de administración y decisión, suspendiendo convocatorias públicas y flexibilizando términos para facilitar la ejecución de recursos en zonas afectadas por la crisis. Estas medidas pretendían atender la crisis humanitaria y la afectación del orden público derivadas del conflicto armado y sus consecuencias.

Ausencia de firmas ministeriales competentes

La Corte advirtió que, aunque el decreto fue expedido y publicado el 5 de febrero de 2025, no contaba con la firma de los ministros titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, ni de Comercio, Industria y Turismo, quienes eran los competentes para suscribirlo en esa fecha. En su lugar, el decreto fue firmado por funcionarios que ejercían como encargados o viceministros, pero que no tenían la competencia legal para firmar el acto normativo. De acuerdo con la regulación administrativa vigente, las situaciones como comisión de servicios o permiso remunerado implican vacancia temporal del empleo, lo que exige la designación formal de un ministro encargado para ejercer las funciones y firmar...