Antecedentes del caso

El proceso judicial se originó a partir de la demanda presentada para declarar la simulación absoluta de varios contratos de compraventa de inmuebles vinculados a un conjunto cerrado y un hotel en San Andrés Islas. Se solicitó la restitución de la propiedad y la cancelación de los títulos y su inscripción, además de una condena por pago de frutos civiles desde 2009. La parte demandante alegó que los contratos fueron simulados para evadir obligaciones financieras y proteger el patrimonio familiar, señalando que las sociedades involucradas fueron constituidas sin aportes reales y con un único accionista y representante legal con facultades limitadas. Durante el proceso ejecutivo iniciado por una entidad financiera, se presentaron diversas transferencias y créditos para respaldar las inversiones y cubrir deudas familiares. Sin embargo, la parte demandante sostuvo que las operaciones fueron ficticias y que no hubo pago real por los inmuebles.

Decisiones judiciales previas

El juzgado de primera instancia negó la acción de simulación, considerando que no se acreditaron los elementos característicos de esta figura legal. El tribunal de alzada confirmó dicho fallo, señalando que no existió acuerdo para alterar la realidad exterior y que las pruebas aportadas no eran concluyentes para demostrar la simulación. Entre los argumentos del tribunal se destacó que la parte demandante no presenció las negociaciones y que las ventas se realizaron en dos etapas, lo que desvirtúa la urgencia o intención de ocultar bienes. Además, se valoró la capacidad económica del comprador y la existencia de operaciones financieras que respaldaban las adquisiciones.

Consideraciones de la Corte Suprema

Al revisar el recurso de casación, la Corte Suprema destacó...