Antecedentes del caso

El caso se originó por una disputa violenta ocurrida en un barrio de Bogotá, donde dos personas agredieron a otras dos con objetos cortopunzantes y contundentes, causando lesiones. La Fiscalía formuló imputación por tentativa de homicidio agravado, cargos que no fueron aceptados. Mediante preacuerdo, la calificación jurídica fue modificada de autora a cómplice y se impuso una pena de prisión de 80 meses, con inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término. La apelación redujo la pena a 76 meses y nueve días, confirmando el resto de la sentencia. Contra esta decisión se interpuso recurso de casación, solicitando la aplicación de la prisión domiciliaria conforme al artículo 38B del Código Penal.

Fundamentos de la inadmisión

La Corte Suprema recordó que el recurso de casación no permite revisar libremente las valoraciones de hecho ni extender la controversia. Su función se limita a verificar errores jurídicos evidentes y trascendentales señalados en las causales legales. En este caso, la demanda no cumplió con el deber de fundamentación adecuada, pues la norma invocada para conceder prisión domiciliaria sí fue tenida en cuenta en la sentencia, aunque con una interpretación distinta. Además, el tribunal aplicó correctamente la jurisprudencia que restringe el alcance de los preacuerdos en la modificación de la tipicidad penal, limitándolos a efectos punitivos. Por último, se destacó que, aun admitiendo la posibilidad de conceder prisión domiciliaria por el monto punitivo, existe una exclusión expresa en el artículo 68A del Código Penal que impide otorgar beneficios cuando el condenado tiene sentencias previas por delitos dolosos en los últimos cinco años, como es el...