Contexto y antecedentes del caso

Entre octubre de 2020 y marzo de 2022, una organización criminal operó desde varias ciudades y países, utilizando softwares para evadir los controles de plataformas de apuestas deportivas legalmente constituidas en Colombia. Esta estructura reclutaba terceros, conocidos como "pitufos", cuyos datos personales y cuentas bancarias eran usados para abrir cuentas masivas en las plataformas, realizar apuestas fraudulentas y efectuar la transferencia no consentida de activos por un valor superior a los 600 millones de pesos colombianos. Las autoridades judiciales formularon imputación por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos, transferencia no consentida de activos agravada y concierto para delinquir, cargos que fueron aceptados por los procesados. Se impusieron penas de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Demandas de casación y análisis de la Corte

Las defensas presentaron demandas de casación alegando principalmente violaciones al debido proceso y errores en la tipificación de los delitos. Entre los cargos destacados se encuentran: - Supuesta vulneración del principio de congruencia, argumentando que la acusación y la sentencia no coincidían en hechos y delitos imputados. - Cuestionamientos sobre la tipicidad del delito de transferencia no consentida de activos y la existencia de concurso ideal entre los delitos imputados. - Alegatos de aplicación indebida de la ley sustancial, incluyendo la negativa a conceder prisión domiciliaria. La Sala recordó que el recurso de casación es un mecanismo extraordinario que requiere cumplir con estrictos requisitos formales y sustanciales, como demostrar la necesidad de intervención para corregir errores graves. Tras analizar las demandas, la Corte concluyó que la mayoría no cumplían con los requisitos mínimos...