Antecedentes del caso

La controversia se originó tras una sentencia de primera instancia que condenó a varios uniformados de la Policía Nacional por el delito de lesiones personales dolosas, luego de que durante un procedimiento policial se ocasionaran daños físicos graves a un ciudadano. Los hechos ocurrieron en agosto de 2010, cuando los uniformados ingresaron a un inmueble y capturaron a un hombre, quien sufrió lesiones que requirieron una incapacidad médica prolongada y dejaron secuelas permanentes. El proceso judicial inició en 2013 y culminó en noviembre de 2024 con la condena de los policías involucrados. La defensa interpuso recurso de apelación, concedido para ser conocido por el Tribunal Superior Militar y Policial.

Motivos del impedimento

La magistrada integrante del Tribunal Superior Militar y Policial solicitó su separación del conocimiento del recurso de apelación con fundamento en las causales previstas en los numerales 6 y 11 del artículo 231 de la Ley 1407 de 2010. En su calidad anterior como Fiscal Primera Penal Militar y Policial delegada ante ese tribunal, confirmó la resolución de acusación contra los uniformados por el mismo delito que ahora debía revisarse en segunda instancia. La Sala señaló que esta participación previa representa una intervención esencial y trascendente, lo que compromete la imparcialidad y objetividad exigibles para un juez en el conocimiento del recurso de apelación. Se destacó que la magistrada realizó un análisis sustancial y vinculante sobre los hechos y la responsabilidad de los procesados, lo que afecta su ecuanimidad para decidir.

Decisión de la Corte Suprema

Con base en lo anterior, la Corte Suprema declaró fundado el impedimento de la magistrada y...