Antecedentes del caso

El proceso penal se sigue contra un procesado acusado de participar en una empresa criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, con actividades en varios departamentos del país. Tras la formulación de la acusación y la apertura de juicio oral, la defensa solicitó ante un juzgado penal municipal con función de control de garantías la libertad por vencimiento de términos. Durante el trámite, surgieron dudas sobre si el procesado pertenece a un Grupo Delictivo Organizado (GDO), cuestión que afecta la competencia para conocer la solicitud. La juez inicial estimó que no podía decidir sin esclarecer este punto y suspendió la audiencia. Posteriormente, se presentó una controversia entre dos juzgados penales municipales con función de control de garantías, pertenecientes a distritos judiciales diferentes, sobre cuál debía conocer la solicitud de libertad. El conflicto fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para su definición.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que, conforme al artículo 32 de la Ley 906 de 2004 y sus modificaciones, tiene competencia para definir conflictos entre juzgados de diferentes distritos judiciales. Además, destacó que la función de control de garantías debe ejercerse preferentemente por el juez del lugar donde se adelanta el proceso, salvo excepciones justificadas. También se analizó la Ley 1908 de 2018, que regula la competencia para solicitudes de libertad de miembros de grupos delincuenciales organizados, estableciendo que estas deben presentarse ante el juez del lugar donde se formuló la imputación o se presentó el escrito de acusación. Sin embargo, en este caso no se acreditó de manera clara la pertenencia del procesado a un GDO, por lo que...