Contexto del caso y antecedentes

La decisión se relaciona con un proceso penal en el que se condenó a un individuo por su participación en un grupo delincuencial dedicado al tráfico de cocaína, en el departamento de Antioquia. El condenado fue sentenciado a 133 meses de prisión y multa, y se le negó la sustitución de la prisión por prisión domiciliaria, a pesar de ser padre cabeza de familia.

Recurso de casación y argumentos presentados

El recurso extraordinario de casación cuestionó la negativa a la prisión domiciliaria, argumentando que se incurrió en un error de hecho por parte de los juzgadores al no valorar adecuadamente el informe del trabajador social que acreditaba la condición de cabeza de familia. Se alegó que existió una “tarifa legal exagerada” y un falso juicio de interpretación que invalidaba la decisión de negar el beneficio.

Consideraciones de la Corte y fundamentos para inadmitir la demanda

La Corte Suprema concluyó que la demanda incumplía con los requisitos formales y carecía de fundamento y capacidad refutatoria. Se enfatizó que los argumentos presentados no demostraron un falso raciocinio ni una falacia en la valoración de la prueba. En particular, se destacó que la valoración probatoria realizada por los tribunales de instancia fue suficiente y que no se omitió ni desestimó el informe del trabajador social, sino que se consideró insuficiente para acreditar que no existía red de apoyo familiar para la menor. Además, la Corte señaló que el recurso no logró controvertir adecuadamente la motivación de las sentencias anteriores y que las críticas se basaron en una interpretación alternativa, lo cual no es suficiente para invalidar una decisión judicial en sede de casación.

Impacto y conclusión

Esta decisión reafirma la rigurosidad en la valoración probatoria para conceder beneficios carcelarios especiales como la prisión domiciliaria, especialmente en casos relacionados con la protección de menores y la condición de cabeza de familia. La inadmisión del recurso implica que la sentencia que negó el beneficio seguirá vigente, y que para futuras impugnaciones deberán cumplirse estrictamente los requisitos formales y sustanciales del recurso de casación. La resolución fue adoptada en sesión del 2 de julio de 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificando así su compromiso con la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos involucrados en procesos penales complejos.

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La Corte Suprema inadmite recurso de casación sobre prisión domiciliaria en caso de delitos de estupefacientes

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