Antecedentes del caso

La corte examinó la solicitud de extradición presentada por el gobierno de la República del Perú contra un ciudadano colombiano, acusado de presuntamente participar en delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. La solicitud fue acompañada de las órdenes y documentación pertinentes emitidas por las autoridades judiciales peruanas. Tras la aprehensión del ciudadano en territorio colombiano y la formalización del requerimiento de extradición por parte del Estado peruano, la corte asumió el conocimiento del trámite, asignando defensor y permitiendo la presentación de pruebas y alegatos de conclusión por las partes involucradas.

Desarrollo y retiro de la solicitud

Durante el proceso, la defensa argumentó, entre otros puntos, la prescripción de la acción penal y el desistimiento de la acusación por parte del Estado requirente. Por su parte, el Ministerio Público solicitó concepto favorable condicionado al respeto de garantías fundamentales. El 19 de mayo de 2025, el Ministerio de Justicia y del Derecho informó que la representación diplomática del Estado peruano retiró formalmente la solicitud de extradición. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación canceló la orden de captura con fines de extradición y ordenó la libertad inmediata del ciudadano colombiano.

Consideraciones jurídicas

La corte reiteró que la extradición es un mecanismo excepcional de cooperación internacional, cuyo fundamento es el interés manifiesto del Estado requirente para someter a proceso o hacer cumplir condena a una persona fuera de su jurisdicción. El retiro formal de la solicitud implica la terminación definitiva del trámite y la suspensión de las medidas cautelares impuestas. En este caso, el retiro de la solicitud estuvo motivado por...