Antecedentes del caso

Un ciudadano presentó un amparo constitucional solicitando protección al derecho fundamental de petición, argumentando falta de respuesta de fondo por parte del Banco de Bogotá y Colpensiones sobre dos pagos que deberían haberse efectuado a su favor en noviembre y diciembre de 2023. En el trámite se vinculó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia dado su rol de vigilancia y control. El tribunal superior concedió parcialmente el amparo, ordenando a Colpensiones entregar una respuesta clara y precisa, pero desestimó la solicitud respecto al Banco de Bogotá al considerar que este había dado solución al requerimiento. Colpensiones impugnó la decisión alegando irregularidades en la presentación de los derechos de petición.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema identificó que la competencia para conocer en primera instancia el amparo correspondía a los jueces de circuito, no al tribunal superior que actuó inicialmente. Esta competencia está regulada por el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que establece que las acciones de tutela contra entidades públicas nacionales deben ser conocidas por jueces de circuito. Asimismo, cuando la tutela se promueve contra más de una autoridad de distinto nivel, la competencia recae en el juez de mayor jerarquía, en este caso los jueces de circuito. Por lo tanto, el trámite realizado incurrió en una causal de nulidad insanable, dado que la competencia es improrrogable y está estrechamente vinculada al derecho fundamental al debido proceso. La Corte Suprema recordó que, aunque...