La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia CSJ STL688-2025, confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en un proceso de tutela que buscaba el reconocimiento correcto de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez. La acción inicial se presentó contra un juzgado municipal y el juzgado laboral del circuito de la misma ciudad, solicitando la corrección de la liquidación conforme al artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001.

Antecedentes del caso

La accionante interpuso tutela argumentando vulneraciones a sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica. El tribunal de primera instancia concedió la tutela, anulando la sentencia inicial del juzgado municipal y ordenando una nueva decisión que considerara correctamente la liquidación de la indemnización sustitutiva, estableciendo un valor específico y diferencias económicas desde abril de 2022. El juzgado municipal impugnó la decisión, argumentando que la liquidación había sido correcta. La Corte Suprema confirmó que la liquidación inicial contenía errores, especialmente en la valoración de la Resolución SUB 81661 de 2024 emitida por la entidad administradora de pensiones. Posteriormente, se presentó una solicitud de aclaración sobre aspectos técnicos de la liquidación, específicamente respecto al promedio ponderado de los porcentajes (PPC) y el índice base de cotización (IBC).

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala recordó que, conforme a la normativa vigente, las sentencias de tutela no son susceptibles de revocación o reforma por el juez que las profirió, aunque sí pueden ser objeto de aclaración cuando existan conceptos o frases que generen duda...