La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoció la impugnación interpuesta por la Caja de Auxilios y Prestaciones de una asociación de aviadores civiles contra un fallo del Tribunal Superior que declaró la improcedencia de una acción de tutela. Dicha acción buscaba proteger derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad social en un proceso de reorganización empresarial de una sociedad de transporte aéreo. El caso se origina en la apertura del proceso de reorganización conforme a la Ley 1116 de 2006, en la cual se designó un promotor encargado de presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto. La entidad accionante reclamaba el reconocimiento y pago del cálculo actuarial por aportes a la seguridad social en pensión de un beneficiario bajo régimen de transición, argumento que dio lugar a un proceso ordinario laboral en trámite. Durante el trámite concursal, el juez desestimó la objeción presentada por la entidad, decisión que fue confirmada en recurso de reposición. Frente a esto, la entidad accionante interpuso la acción de tutela alegando vulneración a sus derechos fundamentales, pues consideraba que la obligación de presentar el cálculo actuarial no había sido cumplida por la empresa en reorganización, afectando el reconocimiento de futuras pensiones. La Sala Laboral del Tribunal Superior declaró improcedente la tutela, señalando que el cálculo actuarial es objeto de discusión en el proceso ordinario laboral y que el juez natural competente es el juez laboral. Sin embargo, la Corte Suprema encontró que en el trámite de tutela no se...