La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso que involucra una acción de tutela presentada por una sociedad gestora de un mecanismo de solución de conflictos, la cual reclamaba vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, independencia, igualdad, imparcialidad y transparencia. La controversia surgió en torno a un contrato de cuentas en participación para la operación de un hotel, que contenía una cláusula compromisoria para dirimir controversias mediante un tribunal de arbitramento.

Conflicto por recusación y competencia

El conflicto se centró en la recusación formulada contra el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio local, debido a un posible conflicto de intereses por parentesco entre la directora de la entidad y una de las partes demandantes. El centro de conciliación negó la recusación argumentando que esta solo aplica a árbitros y jueces, pero no a la entidad, cuya función es administrativa. Posteriormente, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia decidió no iniciar un procedimiento sancionatorio, señalando que los árbitros aún no habían sido designados y que la cláusula compromisoria permitía acudir también a un tercero componedor. Sin embargo, la sociedad promotora solicitó que la Cámara de Comercio y el centro de conciliación se declararan impedidos para conocer el conflicto. En primera instancia, el juzgado laboral correspondiente se declaró incompetente para conocer la tutela y remitió el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial, que admitió la acción y negó el amparo solicitado. La sociedad promotora impugnó esta...