La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso que involucra una acción de tutela presentada por una sociedad gestora de un mecanismo de solución de conflictos, la cual reclamaba vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, independencia, igualdad, imparcialidad y transparencia. La controversia surgió en torno a un contrato de cuentas en participación para la operación de un hotel, que contenía una cláusula compromisoria para dirimir controversias mediante un tribunal de arbitramento.

Conflicto por recusación y competencia

El conflicto se centró en la recusación formulada contra el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio local, debido a un posible conflicto de intereses por parentesco entre la directora de la entidad y una de las partes demandantes. El centro de conciliación negó la recusación argumentando que esta solo aplica a árbitros y jueces, pero no a la entidad, cuya función es administrativa. Posteriormente, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia decidió no iniciar un procedimiento sancionatorio, señalando que los árbitros aún no habían sido designados y que la cláusula compromisoria permitía acudir también a un tercero componedor. Sin embargo, la sociedad promotora solicitó que la Cámara de Comercio y el centro de conciliación se declararan impedidos para conocer el conflicto. En primera instancia, el juzgado laboral correspondiente se declaró incompetente para conocer la tutela y remitió el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial, que admitió la acción y negó el amparo solicitado. La sociedad promotora impugnó esta decisión.

Decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema observó que la Sala Laboral del Tribunal Superior no tenía competencia para conocer la tutela en primera instancia, ya que la autoridad adecuada es el juzgado del circuito del lugar, conforme a lo establecido en el Decreto 333 de 2021. Además, consideró que la tutela no estaba dirigida contra el tribunal arbitral, que aún no existía formalmente, sino contra otras autoridades. Como resultado, la Corte declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de remisión del 28 de febrero de 2025, con excepción de las pruebas recaudadas, y ordenó que el juzgado laboral correspondiente asuma el conocimiento de la acción de tutela en primera instancia. Esta decisión reafirma la importancia del debido proceso y la correcta distribución de competencias en los procedimientos judiciales y arbitrales. Con esta resolución, la Corte Suprema busca garantizar que los procesos relacionados con mecanismos alternativos de solución de conflictos se desarrollen bajo estrictos parámetros de legalidad y respeto a los derechos fundamentales, asegurando así la confianza en la administración de justicia y la transparencia en la resolución de controversias.