Antecedentes y origen del caso

Un apoderado judicial de una fundación social promovió dos acciones de tutela contra la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades, alegando vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. En los primeros trámites, se advirtió la falta de presentación del certificado de existencia y representación legal de la fundación, motivo por el cual las acciones fueron rechazadas. Contra estas decisiones, el recurrente interpuso impugnaciones que fueron declaradas improcedentes por no dirigirse contra sentencias sino contra autos.

Decisión inicial y argumentos del recurrente

El juez constitucional de primera instancia declaró improcedente la tutela por falta de legitimación activa del apoderado, quien no aportó el poder especial que acreditara su facultad para actuar en nombre de la fundación. El recurrente impugnó esta decisión, alegando que sí se había aportado poder especial en el trámite previo y que no se aplicaron correctamente los principios de legalidad, control de convencionalidad, oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte Suprema destacó que el trámite de tutela debe respetar las garantías constitucionales del debido proceso, incluyendo el reparto de competencias conforme a las reglas legales. En este caso, se constató que la sala de casación civil, agraria y rural no era la competente para conocer en primera instancia, dado que las actuaciones cuestionadas correspondían a la sala de casación penal y la fundación demandante. Además, se señaló la importancia del principio de oficiosidad para integrar el contradictorio en los procesos de tutela, vinculando...