La acción de tutela se promovió con el fin de proteger derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y dignidad, ante la presunta vulneración por no haber vinculado a terceros poseedores en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio y reivindicación de varios inmuebles. Los accionantes alegaron que esta omisión les impidió ejercer el derecho de defensa y contradicción. El juzgado de primera instancia declaró a la sociedad demandada como dueña absoluta de los inmuebles y ordenó la restitución a su favor. Sin embargo, los accionantes no fueron formalmente vinculados al proceso, pues se les consideró arrendatarios y no poseedores. La Sala Civil Familia Laboral del tribunal superior declaró desierto el recurso de apelación presentado por el demandante, lo que dejó sin pronunciamiento de fondo la segunda instancia.

Garantías constitucionales y competencia judicial

Al analizar el caso, la Corte Suprema destacó que el desarrollo del trámite judicial no puede obviar las garantías constitucionales del debido proceso, incluyendo el derecho a ser oído. Además, se evidenció que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural no era la autoridad competente para conocer la tutela en primera instancia, conforme al decreto de reparto vigente. Por lo anterior, la Corte Suprema declaró la nulidad de lo actuado desde el auto que admitió la tutela y ordenó remitir el expediente a la Sala Civil Familia Laboral del tribunal superior para que se surta el trámite correspondiente, garantizando así la vinculación de los terceros interesados y el respeto al derecho de defensa.

Importancia de respetar las formalidades procesales

Con esta decisión, se reafirma la importancia de respetar las formalidades procesales y las garantías constitucionales en los procesos judiciales, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales de terceros que deben ser oídos oportunamente. La medida busca asegurar un debido proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas, fortaleciendo la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales en el país.