Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida para proteger derechos fundamentales como el debido proceso, la dignidad humana y el principio de confianza legítima, en el contexto de un proceso ordinario laboral contra una entidad de pensiones y cesantías. El demandante buscaba el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, basada en un dictamen que calificó una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Durante el proceso, se integraron como partes una aseguradora y una junta regional de calificación de invalidez, debido a una transferencia jurisdiccional. En una audiencia, la aseguradora solicitó que se ordenara un nuevo dictamen pericial por otra junta regional, argumentando inconsistencias en los porcentajes de invalidez otorgados. La autoridad judicial negó inicialmente esta solicitud, lo que motivó recursos de reposición y apelación que fueron parcialmente atendidos por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior, ordenando la práctica de la prueba pericial solicitada.

Consideraciones jurídicas

El planteamiento de la tutela está amparado en el derecho constitucional al debido proceso, que requiere que las actuaciones judiciales se ajusten a procedimientos legales para proteger los derechos de las partes involucradas. El juez constitucional aplicó, de manera analógica, las causales de nulidad establecidas en el Código General del Proceso, dado que el decreto que regula el trámite de la tutela no contempla expresamente estas causales. Entre las causales previstas se encuentran la falta de jurisdicción, la omisión de notificaciones esenciales, la indebida representación y la omisión en la práctica de pruebas obligatorias, entre otras. La Corte determinó que los argumentos presentados para solicitar la nulidad no correspondían a ninguna causal legalmente establecida, sino...