Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada para proteger derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, la igualdad, el derecho de petición y el acceso a la administración de justicia. La acción se originó en un conflicto laboral entre un trabajador y una fundación, que incluyó procesos judiciales previos sobre la existencia y terminación del contrato laboral y la indemnización correspondiente. Tras el fallecimiento del trabajador, su sucesora solicitó el desarchivo de los procesos y respuestas a peticiones dirigidas a la fundación.

Procedimiento y decisión inicial

La tutela fue admitida por la sala laboral del tribunal superior y se corrió traslado al juez laboral involucrado para que ejerciera su derecho de defensa. El juez informó que los procesos estaban archivados y remitió un enlace para el procedimiento de desarchivo, indicando que este debía hacerse ante el archivo central. Sin embargo, la fundación no fue notificada debido a que la solicitante no proporcionó los datos de contacto necesarios. La sala laboral del tribunal superior negó el amparo constitucional por considerar que no se vulneraron derechos fundamentales y que no se cumplió con los requisitos formales para el desarchivo y la notificación.

Vinculación insuficiente y nulidad de actuaciones

La Corte Suprema de Justicia advirtió que la fundación, siendo una parte accionada en la tutela, no fue vinculada ni notificada adecuadamente, lo que constituye una violación al derecho al debido proceso. Según el Decreto 1069 de 2015, las providencias en este tipo de acciones deben notificarse a todas las partes involucradas. La falta de vinculación impide la validez del trámite y la emisión de una decisión...