La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, emitió un concepto desfavorable respecto a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra un ciudadano venezolano requerido por la comisión de delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Antecedentes y proceso de extradición

La solicitud inicial fue presentada mediante nota verbal por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, requiriendo la captura con fines de extradición. La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del ciudadano en Colombia, procedimiento que se materializó en dos ocasiones. Sin embargo, la solicitud formal de extradición se presentó fuera del plazo inicialmente establecido, lo que motivó la libertad del requerido en una primera instancia. Posteriormente, Venezuela formalizó la solicitud conforme al Acuerdo sobre extradición vigente entre ambos países, y la Fiscalía volvió a ordenar la captura. Durante el proceso, se solicitaron y evaluaron diversas pruebas, entre ellas la verificación de la identidad del solicitado a través de cotejos dactiloscópicos y documentos oficiales.

Verificación de requisitos y aspectos legales

La Corte analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la legislación colombiana, así como en los tratados internacionales aplicables. Se verificó que los delitos imputados no son de naturaleza política, lo que permite la procedencia de la extradición. Además, se confirmó que la documentación presentada por el Estado requirente cumplía con los requisitos formales y que existía correspondencia entre los delitos señalados y las conductas tipificadas en el Código Penal colombiano. No obstante, el aspecto crucial para la decisión fue la plena...