Antecedentes del caso y condena

El juez civil del circuito de Puerto Tejada conoció y decidió sobre un proceso de expropiación especial promovido por el INCO contra una sociedad privada. Durante el trámite judicial, el juez profirió varias providencias que, según la Fiscalía, fueron manifiestamente contrarias a la ley, favoreciendo de forma desproporcionada a la sociedad demandada y causando un detrimento patrimonial significativo al Estado. Entre las decisiones cuestionadas se encuentran la designación irregular de un solo perito para la valoración del inmueble, sin cumplir con la normativa que exigía un número plural de expertos, incluyendo uno adscrito al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Además, se aprobaron indemnizaciones por montos exorbitantes respecto al avalúo inicial, que habían sido rechazados por el INCO mediante objeciones fundamentadas. El Tribunal Superior de Popayán condenó al juez como autor de prevaricato por acción y peculado por apropiación, señalando que con sus providencias judiciales ejerció actos de disposición jurídica sobre recursos públicos en favor de terceros, causando un perjuicio económico considerable al Estado.

Argumentos de la defensa y valoración de la Corte

La defensa argumentó que el acusado cumplió con el debido proceso y que las decisiones judiciales se basaron en las normas aplicables, cuestionando la carga probatoria de la Fiscalía y señalando una supuesta retaliación por parte del INCO ante un resultado desfavorable en el proceso civil. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, tras una evaluación exhaustiva de la prueba documental y testimonial, concluyó que el juez incurrió en un desconocimiento deliberado de la normativa aplicable al proceso de expropiación, especialmente en lo relativo a la designación y valoración...