Antecedentes del caso

La tutela fue instaurada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Civil del Circuito, en un proceso sobre la resolución de un contrato de compraventa por incumplimiento en la garantía, con indemnización de perjuicios. En primera instancia, se resolvió declarar la resolución del contrato y condenar al vendedor a restituir el precio pagado y a indemnizar por lucro cesante. Sin embargo, el Tribunal Superior revocó esta decisión, declarando probada la excepción de caducidad de la acción y negando las pretensiones de la demanda.

Decisión de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema consideró que la actuación del Tribunal Superior no constituyó vía de hecho, ya que su decisión no fue arbitraria ni desconectada del ordenamiento jurídico ni de la realidad procesal. Se destacó que la acción promovida se basaba en la resolución del contrato por defectos en el vehículo y falta de reparación adecuada, y debía analizarse conforme a las disposiciones especiales del Estatuto del Consumidor, el Código de Comercio y el Código Civil, en ese orden. El tribunal inferior aplicó correctamente las normas relacionadas con la caducidad de la acción, especialmente el artículo 58 del Estatuto del Consumidor, que establece plazos para presentar demandas derivadas de garantías. Se aclaró que la demanda presentada en 2020 excedió ampliamente el término legal, pues las reclamaciones iniciales ocurrieron en 2014, dentro del período de garantía. Además, se explicó que la normatividad comercial establece que los vicios deben ser alegados dentro de los seis meses siguientes a la entrega del bien, plazo que también fue superado. Por ello, la acción resolutoria y la redhibitoria prescribieron.

Implicaciones prácticas

Esta decisión confirma la importancia de respetar los plazos legales para ejercer acciones derivadas de contratos de compraventa y garantías, especialmente en bienes de consumo como vehículos. Los compradores deben presentar reclamaciones oportunamente para evitar la caducidad de sus derechos. Asimismo, se reafirma que la interpretación correcta y ordenada de las normas aplicables —Estatuto del Consumidor, Código de Comercio y Código Civil— es esencial para la adecuada resolución de controversias en materia contractual y de consumo.

Conclusión

La Corte Suprema negó la tutela solicitada, ratificando la revocatoria del fallo inicial y la aplicación de la caducidad de la acción. Esta sentencia enfatiza la necesidad de cumplir con los términos legales para reclamar derechos derivados de garantías, evitando así la extinción de acciones por demora. Finalmente, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y pronunciamiento, cerrando así el proceso judicial en esta instancia.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

La Corte Suprema de Justicia niega tutela sobre resolución de contrato de compraventa y caducidad de la acción

Antecedentes del caso

De ...

Más noticias sobre Derecho Civil