Antecedentes del caso

La tutela fue instaurada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Civil del Circuito, en un proceso sobre la resolución de un contrato de compraventa por incumplimiento en la garantía, con indemnización de perjuicios. En primera instancia, se resolvió declarar la resolución del contrato y condenar al vendedor a restituir el precio pagado y a indemnizar por lucro cesante. Sin embargo, el Tribunal Superior revocó esta decisión, declarando probada la excepción de caducidad de la acción y negando las pretensiones de la demanda.

Decisión de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema consideró que la actuación del Tribunal Superior no constituyó vía de hecho, ya que su decisión no fue arbitraria ni desconectada del ordenamiento jurídico ni de la realidad procesal. Se destacó que la acción promovida se basaba en la resolución del contrato por defectos en el vehículo y falta de reparación adecuada, y debía analizarse conforme a las disposiciones especiales del Estatuto del Consumidor, el Código de Comercio y el Código Civil, en ese orden. El tribunal inferior aplicó correctamente las normas relacionadas con la caducidad de la acción, especialmente el artículo 58 del Estatuto del Consumidor, que establece plazos para presentar demandas derivadas de garantías. Se aclaró que la demanda presentada en 2020 excedió ampliamente el término legal, pues las reclamaciones iniciales ocurrieron en 2014, dentro del período de garantía. Además, se explicó que la normatividad comercial establece que los vicios deben ser alegados dentro de los seis meses siguientes a la entrega del bien, plazo que también fue superado. Por ello, la...