Antecedentes del caso

Una sociedad accionante promovió tutela contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, extendida a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia y demás integrantes de la lista de auxiliares de la justicia 2025-2027 para los despachos judiciales de ese distrito. La tutela fue interpuesta con el fin de proteger derechos como el debido proceso, la doble instancia, el acceso a la justicia, el trabajo y la petición. El origen del conflicto fue la resolución que inadmitió la postulación de la sociedad para el cargo de secuestre en varias categorías, argumentando falta de experiencia y solvencia económica, sin valorar integralmente la documentación aportada. La sociedad alegó que se desestimaron documentos complementarios por presunta extemporaneidad, lo cual consideró una vía de hecho administrativa. Además, sostuvo que la exclusión afectaba sus ingresos y la continuidad de procesos judiciales ya asignados.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte Suprema destacó que la tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues la sociedad no agotó previamente las vías ordinarias de control judicial previstas para impugnar actos administrativos, como la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. Estos mecanismos permiten además solicitar medidas cautelares para suspender los efectos del acto cuestionado. Adicionalmente, la Corte señaló que para conceder medidas provisionales en tutela se debe demostrar la inminencia de un perjuicio irremediable, con daño grave y necesidad urgente de protección, requisitos que no fueron acreditados en este caso.

Decisión final

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela interpuesta contra la Unidad...