Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una persona que alegaba la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en un proceso judicial por enriquecimiento sin causa. El demandante inicial en el juicio solicitó reconocimiento del amparo de pobreza para eximir el pago de la caución y obtuvo medidas cautelares sobre un bien inmueble del demandado. Las instancias judiciales de primera y segunda instancia fallaron a favor del demandante, decisión que fue apelada. El accionante cuestionó el reconocimiento del amparo de pobreza, argumentando que el demandante usufructuó un vehículo dejado en garantía, obteniendo ingresos suficientes para cubrir la deuda reclamada. Además, alegó defectos en la valoración probatoria por parte de las autoridades judiciales y la omisión de decretar pruebas de oficio que podrían haber demostrado esta situación.

Argumentos y respuesta de las partes

El demandante inicial solicitó declarar improcedente la tutela alegando incumplimiento del requisito de inmediatez, debido a que la acción de tutela fue presentada siete meses después de la notificación del fallo de segunda instancia, sin justificación razonable para la demora. Además, defendió la legalidad de las decisiones que reconocieron el amparo de pobreza y estimaron las pretensiones. El juzgado de conocimiento aportó el expediente digital sin emitir pronunciamiento sobre las pretensiones de la tutela.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que la acción de tutela debe presentarse de manera inmediata para proteger derechos fundamentales frente a vulneraciones actuales. Estableció que el plazo razonable para interponer la tutela no debe exceder los seis meses desde la actuación que se considera violatoria. Esta exigencia es aún más estricta cuando se trata de impugnar decisiones...