Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo del Putumayo resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa que reconoció una sanción moratoria a favor de una docente por retraso en el pago de sus cesantías. La demora atribuida al Departamento del Putumayo fue de seis días, periodo durante el cual no se cumplió el pago tras la expedición del acto administrativo correspondiente. La sanción moratoria está prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y consiste en el pago de un día de salario por cada día de retraso. La docente solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías en octubre de 2020, y el pago se efectuó en febrero de 2021. Posteriormente, presentó solicitudes para que se reconociera la sanción moratoria, las cuales fueron negadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduciaria, mientras que el Departamento del Putumayo guardó silencio, configurando silencio administrativo negativo.

Aspectos normativos y jurídico-administrativos

El caso se sustenta en varias normas, principalmente la Ley 1071 de 2006, que establece los términos para el reconocimiento y pago de cesantías, y la Ley 1955 de 2019, que establece que la responsabilidad por la sanción moratoria recae en la entidad territorial cuando la demora es atribuible a su gestión. La sentencia aclara que la Ley 2294 de 2023, que modifica algunos aspectos sobre la responsabilidad, no es aplicable retroactivamente al caso, dado que la solicitud inicial se presentó en 2020. Además, el Tribunal precisó que los plazos para expedir el acto administrativo se cuentan en días hábiles, pero la sanción moratoria, al ser una penalidad económica, debe calcularse en días calendario, de forma continua, como lo establece el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.

Decisión y efectos prácticos

El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que condena al Departamento del Putumayo al pago de la sanción moratoria por seis días de retraso, calculada con base en la asignación básica devengada por la docente en 2020, sin incluir indexación. También se confirmó que no operó la prescripción extintiva, pues la solicitud de sanción interrumpió el término prescriptivo. Finalmente, se condenó en costas a la entidad territorial por la apelación improcedente. Esta decisión refuerza la obligación de las entidades territoriales de cumplir oportunamente con los pagos de cesantías y las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento.

Conclusión

La sentencia del Tribunal Administrativo del Putumayo reafirma que la responsabilidad por el pago oportuno de cesantías y la sanción moratoria asociada recae en las entidades territoriales cuando la demora proviene de su gestión. El cálculo de la sanción debe hacerse en días calendario y se mantiene vigente la protección a los derechos de los docentes frente a retrasos administrativos. Esta decisión contribuye a la seguridad jurídica en el ámbito de las prestaciones laborales para servidores públicos, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las entidades territoriales y garantizando el respeto a los derechos de los trabajadores del sector educativo.

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Tribunal Administrativo del Putumayo confirma sanción moratoria por pago tardío de cesantías a docente

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