Contexto del caso y decisión judicial

El caso analizado corresponde a un recurso de apelación interpuesto contra la negativa del departamento del Putumayo al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por demora en el pago de cesantías parciales a un docente oficial. La solicitud inicial se presentó en junio de 2020 y la resolución que reconoció la prestación fue emitida en julio de ese año, pero el pago se efectuó con un retraso de 28 días. La entidad territorial negó el pago de la sanción moratoria, mientras que la fiduciaria a cargo guardó silencio. El juzgado de primera instancia declaró ilegal un decreto relacionado y reconoció la mora, ordenando el pago de un día de salario por cada día de retraso, basándose en la asignación básica de 2020. La entidad apeló argumentando que, conforme a la Ley 2294 de 2023, las sanciones moratorias generadas antes de diciembre de 2022 deben ser asumidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no por el ente territorial.

Fundamentos legales y análisis del tribunal

El tribunal recordó que la sentencia de unificación del Consejo de Estado establece el derecho de los docentes oficiales a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, aplicando las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Además, explicó que antes de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad recaía en el Fondo Nacional, pero con esta ley también se asignó responsabilidad a las entidades territoriales según la gestión administrativa. En cuanto a la aplicación de la ley, el tribunal sostuvo que la Ley 2294 de 2023 no es aplicable al caso, dado que la solicitud fue presentada antes de su entrada en vigor, respetando el principio de irretroactividad. Por tanto, la Ley 1955 de 2019 es la norma vigente para este asunto. El tribunal confirmó que la demora en la expedición y envío del acto administrativo por parte de la secretaría de educación del departamento del Putumayo motivó la mora injustificada, por lo que esta entidad es responsable del pago de la sanción moratoria.

Conclusión y efectos de la sentencia

Finalmente, el Tribunal Administrativo del Putumayo confirmó la sentencia de primera instancia, condenando al departamento del Putumayo al pago de la sanción moratoria por 28 días de retraso. Además, condenó en costas a la entidad apelante por la improcedencia del recurso. La decisión respeta el marco legal vigente y reafirma la protección de los derechos laborales de los docentes públicos frente a demoras en el pago de prestaciones sociales, sentando un precedente importante para casos similares en el futuro.

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Tribunal Administrativo del Putumayo confirma pago de sanción moratoria por retraso en cesantías docentes

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