Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto fue anunciado por el Ministerio de Educación Nacional en 2025 y busca adicionar la Subsección 1 a la Sección 7, Capítulo 3, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Esta adición tiene como propósito reglamentar la Ley 2156 de 2021, la cual creó una exención legal para el pago de las tarifas del examen de Estado de la Educación Media Saber 11°, específicamente para las víctimas de la violencia. El examen Saber 11 es una prueba oficial que evalúa la calidad de la educación media y es requisito para acceder a la educación superior. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) es la entidad encargada de su aplicación.

Tema principal y propósito del proyecto

El proyecto de decreto tiene como objetivo principal establecer el procedimiento operativo para hacer efectiva la exención del pago del examen Saber 11 a personas que han sido víctimas de la violencia. Este beneficio se concede por una única vez y está dirigido a personas menores de 21 años que se encuentren registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y que pertenezcan a los grupos A, B o C del Sisbén IV o su equivalente, es decir, a población en situación de pobreza extrema, moderada o vulnerable. Este proyecto de decreto impacta directamente a las víctimas del conflicto armado y otros hechos de violencia, facilitando su acceso a la educación superior al eliminar una barrera económica importante.

Modificaciones y regulaciones introducidas

La adición reglamenta en detalle las definiciones clave para la aplicación de la exención, tales como qué se entiende por persona potencialmente beneficiaria, persona beneficiaria, y criterios para la inscripción al examen Saber 11. Además, establece las responsabilidades específicas de las entidades involucradas para garantizar la correcta identificación y entrega de la información necesaria para la aplicación del beneficio. Se regula que la exención se otorga por una única vez y que para que sea efectiva, la inscripción y registro al examen deberán ser realizados por la institución educativa o, de manera individual, cumpliendo con el reglamento del ICFES. Asimismo, se aclara que la preinscripción en la plataforma tecnológica no constituye la inscripción formal al examen.

Acciones y disposiciones específicas

El proyecto detalla las responsabilidades de cada entidad: - El Ministerio de Educación Nacional debe disponer la información de estudiantes matriculados en grado 11 en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) para que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) pueda identificar a los potenciales beneficiarios. Además, debe garantizar la veracidad y oportunidad de esta información y gestionar los recursos presupuestales necesarios para la implementación de la exención. - El Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe entregar la información actualizada de las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén IV o su equivalente, que son potenciales beneficiarios, asegurando la calidad y oportunidad de los datos. - La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) tiene la función de organizar la información suministrada por el Ministerio de Educación y el DNP para consolidar la base de datos de los potenciales beneficiarios, y poner esta información a disposición del ICFES en fechas establecidas, garantizando su calidad. - El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) debe cargar la información de los potenciales beneficiarios en la plataforma tecnológica utilizada para la inscripción al examen Saber 11, validar que no hayan sido beneficiados anteriormente con la exención, facilitar la inscripción administrativa y tecnológica de los beneficiarios y reportar al Ministerio de Educación Nacional el listado de los beneficiarios y los valores correspondientes para la financiación del beneficio.

Participación de actores clave

Este proyecto involucra la articulación entre cuatro entidades públicas fundamentales: el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el ICFES. La colaboración entre estas instituciones es fundamental para garantizar la identificación correcta de los beneficiarios, la gestión adecuada de la información y la implementación efectiva de la exención. Además, el decreto se enmarca en un contexto legal amplio que incluye la Constitución Política, la Ley 2156 de 2021, la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas del conflicto armado, la Ley 1324 de 2009 sobre evaluación educativa, y normativas relacionadas con la protección de datos personales y la transparencia.

Información adicional y participación ciudadana

El proyecto de decreto fue publicado para conocimiento y observaciones de la ciudadanía en dos periodos: del 1 al 17 de julio de 2022 y del 11 al 16 de diciembre de 2024, siguiendo los lineamientos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Durante estos periodos, se permitió la presentación de comentarios y observaciones para enriquecer el proceso normativo. El decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación oficial, momento desde el cual las disposiciones para la exención comenzarán a aplicarse en el proceso de inscripción para el examen Saber 11°.

Conclusión

Con esta reglamentación, el Ministerio de Educación Nacional avanza en la garantía del derecho fundamental a la educación, especialmente para las víctimas de la violencia, quienes podrán acceder a la educación superior sin enfrentar la barrera económica del pago del examen Saber 11. La regulación clara de los procedimientos y las responsabilidades institucionales busca asegurar la transparencia, oportunidad y eficacia en la implementación de este beneficio, contribuyendo a la inclusión social y educativa en Colombia. Este esfuerzo normativo representa un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades y la reparación integral de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto y la violencia, promoviendo un futuro más justo y equitativo para todos.