Propósito y objetivo del proyecto de resolución

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, ha propuesto una actualización integral de su Reglamento Interno de Recaudo de Cartera. El propósito general de este proyecto es establecer pautas y disposiciones actualizadas que regulen el cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones financieras a favor de la entidad. Esta iniciativa responde a la necesidad de racionalizar y hacer más eficientes los procesos internos de gestión de cartera, optimizando la recuperación de recursos públicos a través de procedimientos ágiles, eficaces y oportunos. El objetivo principal del proyecto es fortalecer la gestión del recaudo, facilitando la recuperación de obligaciones pendientes y mejorando la liquidez del Departamento. Además, busca garantizar que estas gestiones se realicen en estricto cumplimiento del marco constitucional y legal vigente, respetando principios fundamentales como el debido proceso y la función administrativa. Estos beneficios impactan directamente a los sectores y grupos deudores, incluyendo personas naturales, jurídicas y entidades públicas, quienes verán regulados sus procesos de cobro con mayor claridad y seguridad jurídica.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto de resolución establece una serie de disposiciones innovadoras y mecanismos claros para la gestión de cartera. Entre las novedades más relevantes se encuentra la definición precisa de las etapas de cobro persuasivo y cobro coactivo, así como la competencia funcional para cada fase, asignando al jefe de la dependencia correspondiente y a la Oficina Jurídica roles indelegables en el proceso. Se introducen criterios específicos para la clasificación de la cartera, tomando en cuenta la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor. Por ejemplo, la cuantía se segmenta en mínima, menor y mayor, con rangos definidos según salarios mínimos legales mensuales vigentes. La antigüedad se categoriza en baja, mediana y alta criticidad, estableciendo un esquema que permite priorizar el cobro según el estado de la deuda. En cuanto a las actuaciones, el reglamento detalla procedimientos para el cobro persuasivo, que incluyen la identificación del deudor, envíos de comunicaciones, citaciones y negociaciones para acuerdos de pago. Para la etapa coactiva, se regulan medidas como mandamientos de pago, investigación de bienes, decretos de embargo, secuestro y remate, además de precisar las excepciones y recursos aplicables en este proceso.

Medidas específicas y regulaciones establecidas

El proyecto establece un plazo máximo de tres meses para la etapa persuasiva, tras el cual, si no se logra el pago o acuerdo, se inicia la etapa coactiva a cargo de la Oficina Jurídica. Se contemplan causales para la improcedencia del cobro persuasivo, como procesos de insolvencia del deudor o riesgo de prescripción. Respecto a los acuerdos de pago, se regula su celebración tanto en la fase persuasiva como en la coactiva, estableciendo condiciones mínimas que deben contener, como el valor total de la deuda, cuotas, plazos máximos (hasta cinco años dependiendo de la cuantía), garantías exigidas y cláusulas aceleratorias ante incumplimientos. Se detallan las garantías aceptables, incluyendo garantías personales, fideicomisos en garantía o administración, hipotecas, prendas, avales bancarios y certificados de disponibilidad presupuestal para entidades públicas. También se establecen criterios para la depuración y saneamiento de cartera, como la aplicación de una relación costo-beneficio para evaluar la incobrabilidad y la prescripción de la acción de cobro, con normas claras sobre interrupción y suspensión de términos, garantizando transparencia y eficiencia en la gestión.

Impacto y alcance potencial

La actualización del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera tiene un impacto significativo en la gestión financiera y administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Al mejorar los procesos de cobro y establecer criterios claros para la clasificación y manejo de obligaciones, se espera optimizar la recuperación de recursos públicos, contribuyendo a la sostenibilidad financiera de la entidad. Adicionalmente, esta actualización fortalece el marco jurídico y procedimental, asegurando el respeto de los derechos de los deudores y la observancia de principios constitucionales, lo que contribuye a la transparencia y legalidad en la gestión pública. Los sectores afectados incluyen tanto personas naturales y jurídicas como entidades públicas, quienes podrán acceder a procesos de cobro más claros y con mecanismos de negociación regulados. Esta iniciativa también facilita la participación de diferentes áreas misionales y de apoyo dentro del Departamento, asignando responsabilidades claras para la determinación y cobro de obligaciones. La Oficina Jurídica, en particular, asume un rol fundamental en la coordinación y ejecución del cobro coactivo, fortaleciendo la capacidad operativa del departamento en esta materia.

Participación de actores clave y proceso de consulta

En cumplimiento de la normativa vigente sobre participación ciudadana, el texto del proyecto de resolución fue publicado en la página web del Departamento y en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) durante un período de 20 días, permitiendo la recepción de observaciones y comentarios que enriquecen la construcción normativa. Asimismo, el proyecto fue revisado y aprobado por las instancias internas competentes, incluyendo la Secretaría General, la Asesoría del Despacho de la Dirección, la Oficina Jurídica y los coordinadores de grupos de defensa judicial y producción normativa. Esta participación garantiza que el reglamento actualizado refleje las necesidades y exigencias legales actuales, contando con el respaldo técnico y jurídico correspondiente.

Conclusión

El proyecto de resolución que actualiza el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social representa un avance significativo en la gestión pública. Al establecer mecanismos claros, ágiles y efectivos para la recuperación de obligaciones, la entidad fortalece su capacidad financiera y administrativa, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y al buen manejo de los recursos públicos. Esta actualización no solo mejora la eficiencia en el recaudo, sino que también asegura el respeto de los derechos de los deudores y la observancia de los principios constitucionales aplicables, configurándose como una herramienta integral para la gestión responsable y transparente dentro del sector público.

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