Contexto y Entidad Emisora

La Resolución 000450 de 2025, emitida el 19 de junio y publicada en el Diario Oficial No. 53.178 el 11 de julio de 2025, fue adoptada por la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Esta entidad tiene la función de organizar y garantizar el correcto funcionamiento de la justicia penal militar y policial, en especial en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio, previsto en la Ley 1407 de 2010 y regulado por diversas normas complementarias.

Objetivo y Alcance de la Resolución

El objetivo central de esta resolución es establecer de manera integral la distribución, ubicación y competencia territorial de los Juzgados Penales Militares y Policiales para la cuarta fase de implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en la Jurisdicción Especializada. Esta fase abarca los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, con inicio definitivo desde el 1° de julio de 2025. Además, la resolución compila las fases I, II y III del proceso de implementación del sistema, consolidando la información y derogando las disposiciones que resulten contrarias, para garantizar uniformidad y claridad en el funcionamiento del sistema.

Destinatarios y Relevancia

Los principales destinatarios de la resolución son los Juzgados Penales Militares y Policiales, así como los miembros de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana) y de la Policía Nacional. Estos grupos son relevantes porque la jurisdicción penal militar y policial se especializa en conocer los procesos judiciales relacionados con conductas punibles cometidas por integrantes de la Fuerza Pública, bajo un sistema acusatorio que busca mayor transparencia, oralidad y eficiencia procesal.

Decisiones y Regulaciones Clave

La resolución define con precisión: - La competencia territorial de los Juzgados Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado, encargados de procesar los casos contra miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en sus respectivas regiones. - La competencia de los Juzgados Penales Militares y Policiales de Conocimiento, que tienen un alcance similar pero con diferencias específicas en la naturaleza del conocimiento. - La ubicación en Bogotá, D.C., de los Juzgados Penales Militares y Policiales de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, concentrando estas funciones en la capital para optimizar recursos y seguimiento. - La distribución y competencia territorial de los Juzgados Penales Militares y Policiales de Control de Garantías, que supervisan la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones procesales. Se establecen turnos de disponibilidad permanente para estos juzgados, garantizando la continuidad en la función de control. Además, se prevé que cuando existan dos o más juzgados con competencia territorial compartida, las audiencias serán distribuidas mediante un sistema de reparto, evitando congestiones y facilitando la administración de justicia. Se incorpora también una modificación a la competencia territorial de los Juzgados de Control de Garantías para solucionar posibles dificultades por recusaciones o impedimentos, permitiendo que en casos excepcionales los juzgados de Bogotá puedan asumir competencias en otras regiones como último recurso.

Fundamento Legal

La resolución se basa en un sólido marco normativo, que incluye: - El artículo 209 de la Constitución Política, que orienta la función administrativa. - La Ley 1407 de 2010, que estableció el Sistema Penal Oral Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial. - La Ley 1765 de 2015, que organiza la estructura y funciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. - El Decreto 312 de 2021, que fija la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial. - El Decreto 1768 de 2020, que establece el cronograma para la implementación progresiva del Sistema Penal Oral Acusatorio en esta jurisdicción. Estas normas otorgan competencia a la Dirección Ejecutiva para adoptar decisiones sobre la distribución, ubicación y competencia territorial de los juzgados, así como para expedir los actos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Modificaciones y Derogaciones

La Resolución 000450 de 2025 deroga expresamente varias resoluciones anteriores relacionadas con las fases previas del Sistema Penal Oral Acusatorio, tales como las Resoluciones 000288 (2022), 000330 (2023), 000378, 000420, 000481 (todas de 2024) y 000140 (2025), entre otras disposiciones contrarias. Esto refleja un proceso de consolidación normativa que facilita la aplicación integral y uniforme del sistema.

Impacto Potencial

Con esta resolución se busca optimizar la administración de justicia penal militar y policial, garantizando una distribución territorial adecuada y una competencia clara de los juzgados. La implementación integral de la fase IV del Sistema Penal Oral Acusatorio permitirá una mayor eficacia en la tramitación de procesos contra miembros de la Fuerza Pública, promoviendo la oralidad, la transparencia y la celeridad procesal. Además, la consolidación normativa y la regulación de turnos permanentes en los Juzgados de Control de Garantías fortalecen la función de control judicial y la protección de los derechos de las partes involucradas. En términos prácticos, esta reorganización facilitará la adaptación a las necesidades del servicio judicial, evitará congestiones procesales, y permitirá un mejor uso de los recursos públicos, contribuyendo así a un sistema de justicia más eficiente y confiable para la sociedad.

Conclusión

La Resolución 000450 de 2025 representa un paso decisivo en la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial. Mediante la determinación clara de la competencia territorial y la ubicación de los juzgados, junto con la compilación de fases anteriores y la derogación de normativas contradictorias, se fortalece la estructura judicial especializada al servicio de la justicia en Colombia. Este avance no solo beneficia a los operadores judiciales, sino que también garantiza a los ciudadanos, especialmente a los miembros de la Fuerza Pública, un proceso penal más justo, transparente y ágil. Para consultar la Resolución completa, puede acceder al Diario Oficial No. 53.178, publicado el 11 de julio de 2025.