Contexto y emisión de la resolución

El pasado 1° de julio de 2025, el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial emitió la Resolución 000510, publicada en el Diario Oficial No. 53.178 el 11 de julio de 2025. Este acto administrativo responde a la necesidad de organizar la estructura judicial militar y policial conforme a las disposiciones legales vigentes y el proceso de transición al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), establecido en la Ley 1407 de 2010 y regulado por el Decreto 1768 de 2020. La resolución tiene como objetivo principal definir la distribución territorial, ubicación y funcionamiento de los despachos judiciales que tramitan procesos contra miembros uniformados de la Policía Nacional bajo la Ley 522 de 1999. Esta medida se enmarca en las funciones asignadas al Director Ejecutivo para garantizar la impartición oportuna y eficaz de la justicia penal militar y policial, conforme a los principios constitucionales y normativos que rigen la función administrativa.

Asunto y destinatarios

La resolución regula expresamente la organización de los Juzgados de Primera Instancia, Fiscalías Penales Militares y Juzgados de Instrucción Penal Militar, encargados de conocer y tramitar los procesos judiciales contra el personal uniformado de la Policía Nacional. Este grupo es el destinatario principal en cuanto a la administración de la justicia en su contra, pero la reorganización repercute en todo el sistema judicial militar y policial, además de garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional para ciudadanos y autoridades.

Objetivo y finalidad de la resolución

El propósito central del acto administrativo es establecer un mapa judicial actualizado que permita una distribución eficiente de las cargas laborales y facilite la transición desde el esquema procesal de la Ley 522 de 1999 hacia el Sistema Penal Oral Acusatorio. La resolución busca asegurar que los procesos se asignen conforme a la competencia legal, el grado policial, el cargo y la unidad a la que pertenece el investigado, independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos. Asimismo, se pretende inactivar paulatinamente aquellos despachos con cero carga procesal, y definir mecanismos para que los juzgados y fiscalías en apoyo a la gestión continúen atendiendo procesos existentes, con una distribución territorial flexible y acorde con la operatividad requerida.

Principales decisiones y distribución territorial

La resolución establece la ubicación y competencia de los Juzgados de Primera Instancia, Fiscalías Penales Militares y Juzgados de Instrucción Penal Militar, asignándoles la distribución territorial para el conocimiento de los procesos. Por ejemplo: - El Juzgado de Dirección General de la Policía Nacional, ubicado en Bogotá, tiene competencia a nivel nacional para ciertos procesos específicos. - Juzgados de Policía Metropolitana ubicados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras, atienden procesos penales contra personal de las unidades policiales correspondientes en cada región. - Fiscalías Penales Militares ubicadas en las mismas ciudades cumplen funciones similares en la etapa de investigación y acusación, siguiendo la competencia legal prevista. - Los Juzgados de Instrucción Penal Militar, distribuidos en diversas ciudades y departamentos, tienen competencia nacional para investigar delitos bajo la jurisdicción penal militar y policial, respetando las especificidades territoriales en casos particulares. Esta detallada distribución garantiza cobertura judicial en todo el país, optimizando la administración de justicia para el personal policial y militar.

Base legal y marco normativo

La resolución se fundamenta en diversas normas, entre las que destacan: - La Constitución Política, artículo 209, que regula la función administrativa. - La Ley 522 de 1999, que establece la Justicia Penal Militar y Policial. - La Ley 1765 de 2015, que reestructura la Justicia Penal Militar y Policial y asigna funciones a la Unidad Administrativa Especial. - El Decreto 312 de 2021 y el Decreto 1768 de 2020, que regulan aspectos procesales y la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio. Estas normas proporcionan la competencia y facultades para que el Director Ejecutivo adopte decisiones administrativas que permitan el adecuado funcionamiento de la justicia penal militar y policial.

Modificaciones y derogatorias

La nueva resolución modifica y deroga expresamente disposiciones anteriores, en particular la Resolución número 000426 de 25 de junio de 2024 y sus modificaciones. Con ello, se actualiza el mapa judicial y se adapta la estructura administrativa a las condiciones actuales y futuras de la jurisdicción penal militar y policial.

Plazos de aplicación

La distribución territorial y demás disposiciones de la resolución entran en vigencia desde la fecha de su expedición, es decir, el 1° de julio de 2025. La aplicación es inmediata, sin perjuicio de la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de los procesos judiciales. Para las investigaciones que se inicien posteriormente a la expedición, se aplican las nuevas reglas de distribución territorial establecidas.

Impacto potencial

Esta reorganización tiene un impacto significativo en la eficiencia y efectividad de la justicia penal militar y policial. Al optimizar la distribución territorial y administrativa de los juzgados y fiscalías, se facilita el acceso a la justicia para los miembros de la Policía Nacional y se asegura una administración más ágil y ordenada en los procesos judiciales. Además, esta resolución es clave para la transición al Sistema Penal Oral Acusatorio, que pretende un proceso más transparente, participativo y garantista. La adecuada redistribución de cargas laborales y la actualización de competencias permiten que la jurisdicción especializada cumpla con los estándares modernos de justicia. Para el público general, esta medida representa un avance en la institucionalidad y en la confianza hacia el sistema de justicia militar y policial, al asegurar que los procesos sean atendidos en despachos competentes y con cobertura nacional.

Conclusión

La Resolución 000510 de 2025 es una pieza fundamental en el proceso de modernización y reorganización de la Justicia Penal Militar y Policial. Emitida por la Unidad Administrativa Especial a través de su Director Ejecutivo, establece un mapa judicial actualizado y funcional que responde a las exigencias legales y procesales actuales, garantizando la distribución territorial y la ubicación de juzgados y fiscalías para una administración de justicia eficiente y acorde con el nuevo sistema penal oral acusatorio. Este acto administrativo no solo fortalece la estructura judicial militar y policial, sino que también promueve un acceso más equitativo y ágil a la justicia para los miembros de la Policía Nacional en todo el territorio nacional. --- Para consultar la resolución completa, puede acceder al Diario Oficial No. 53.178 del 11 de julio de 2025.