Contexto y entidad emisora

La Resolución 000513 del 1° de julio de 2025 fue emitida por la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (UAE JPMP). Esta entidad tiene como función principal garantizar que la justicia penal militar y policial se imparta de manera oportuna y eficaz, conforme a lo previsto en la Constitución Política y diversas leyes nacionales, como la Ley 1765 de 2015 y el Decreto 312 de 2021. El acto administrativo se publica en el Diario Oficial No. 53.178 el 11 de julio de 2025 y responde a la necesidad de adaptar la estructura judicial militar y policial durante la transición del antiguo esquema procesal de la Ley 522 de 1999 hacia el Sistema Penal Oral Acusatorio, establecido por la Ley 1407 de 2010.

Objeto y destinatarios de la resolución

El principal objetivo de la resolución es suspender temporalmente el reparto de casos y redistribuir la carga laboral entre juzgados y fiscalías que adelantan procesos contra el personal uniformado de las Fuerzas Militares, con la finalidad de facilitar la implementación integral del SPOA en la cuarta fase, que comprende departamentos como Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. Los destinatarios de esta resolución son los despachos judiciales y fiscales que aún tramitan procesos bajo la Ley 522 de 1999, así como los funcionarios judiciales encargados de la gestión de dichos procesos. Este público es relevante porque su correcta organización y adaptación es crucial para garantizar la continuidad y eficiencia en la administración de justicia durante el cambio de modelo procesal.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución dispone la suspensión del reparto en varios juzgados y fiscalías militares y policiales, clasificándolos en tres categorías: activos, inactivos y en apoyo a la gestión. Los despachos “inactivos” son aquellos que no tienen carga laboral y por tanto se suspenden en cuanto a la recepción de nuevos casos. Los despachos “en apoyo a la gestión” son aquellos cuyos titulares han sido designados para cargos en el nuevo sistema SPOA, pero que continúan gestionando procesos residuales bajo la Ley 522, con cargas asignadas específicas para garantizar la continuidad. Entre las medidas clave se incluyen: - Suspensión del reparto en fiscalías y juzgados con designación de sus titulares a cargos en el SPOA, permitiendo que concluyan los procesos pendientes. - Redistribución equitativa de los procesos más recientes de algunos despachos con alta carga laboral hacia otros despachos con capacidad para asumirlos, de modo que se mantenga un equilibrio en la gestión judicial. - Establecimiento de cargas máximas asignadas a los funcionarios que pasen a desempeñarse en el SPOA, diferenciando entre fiscales y jueces, y según la naturaleza del conocimiento judicial. - Procedimientos específicos para la entrega y recepción de archivos y expedientes, con la obligación de levantar inventarios y garantizar la conservación adecuada de la documentación, bajo amenaza de sanciones disciplinarias y penales en caso de negligencia. Por ejemplo, en el departamento de Meta, la Fiscalía 22 ante Juez de Brigada suspende el reparto para finalizar los procesos en trámite, mientras que la Fiscalía 15 ante Juez de Brigada, con 106 procesos, redistribuye sus últimos casos a otras fiscalías para mantener una carga equilibrada, conservando solo los 50 procesos más antiguos. Asimismo, en departamentos como Arauca, Caquetá y Amazonas, varios juzgados de Instrucción Penal Militar suspenden el reparto ante la designación de sus titulares en el SPOA, con redistribuciones parciales de carga hacia otros despachos para apoyar la gestión de los procesos pendientes.

Fundamentos legales y plazos

La resolución se sustenta en el artículo 209 de la Constitución Política, que regula la función administrativa, y en preceptos específicos de la Ley 1765 de 2015, que estructura la Justicia Penal Militar y Policial. En particular, el artículo 95 de esta ley faculta al Director Ejecutivo de la UAE JPMP para redistribuir la carga laboral de los juzgados de instrucción penal militar, considerando la especificidad militar o policial de los investigados. Además, se toma en cuenta el cronograma de implementación del SPOA previsto en el Decreto 1768 de 2020, que determina la entrada definitiva de la cuarta fase el 1° de julio de 2025, fecha desde la cual surten efectos las disposiciones de la resolución. Las directrices para la entrega de archivos y actas de entrega establecen plazos de cinco días hábiles para remitir la documentación correspondiente a las oficinas administrativas de la unidad, asegurando control y seguimiento administrativo.

Impacto y relevancia

Esta resolución representa un paso decisivo para la modernización y adecuación de la Justicia Penal Militar y Policial al nuevo sistema penal oral acusatorio. La redistribución de cargas y la suspensión temporal de repartos en ciertos despachos buscan evitar la congestión procesal y garantizar una transición ordenada, que permita la continuidad de los procesos sin afectar los derechos de los investigados ni la eficiencia judicial. Para los servidores públicos y operadores judiciales, esta medida implica un reto organizativo importante, que requiere coordinación y responsabilidad en la gestión documental y procesal. Para la sociedad en general, la resolución apunta a mejorar la prestación del servicio de justicia en materia militar y policial, incrementando la transparencia y eficacia del sistema. En conclusión, la Resolución 000513 de 2025 es una herramienta administrativa fundamental para consolidar el cambio estructural en la justicia penal militar y policial hacia un modelo procesal más moderno y oral, ajustado a las exigencias actuales de celeridad y respeto de garantías. Para consultar el texto íntegro de la resolución, puede acceder al Diario Oficial No. 53.178 del 11 de julio de 2025 o a la página oficial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

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Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial ajusta la carga laboral de despachos en transición al Sistema Penal Oral Acusatorio

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