Contexto y antecedentes del caso

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano y otro demandante presentaron demandas de nulidad con solicitud de medida cautelar contra las disposiciones que modifican el destino de los recursos provenientes del FONANOT. Alegaron que los decretos impugnados agregan nuevas finalidades al fondo, como la financiación de concursos para ingreso a la carrera notarial, subsidios para notarías afectadas por desastres, la adecuación del archivo notarial y la impresión de folios de registro civil, lo cual, a su juicio, contraviene la Ley 29 de 1973 y el Decreto Ley 1672 de 1997.

Argumentos de las partes y entidades involucradas

Los actores sostuvieron que la ampliación de destinos para los recursos del fondo no está contemplada en las normas superiores y que algunas finalidades no guardan relación con el objetivo original, que era mejorar las condiciones económicas de notarios con ingresos insuficientes y fomentar su capacitación. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública se opusieron a la medida cautelar. Argumentaron que la Ley 29 de 1973 había sido derogada y que la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional permite precisar la destinación de los recursos del fondo. Además, destacaron la falta de pruebas suficientes para demostrar la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el riesgo de perjuicio irreparable (periculum in mora), requisitos indispensables para la concesión de la suspensión provisional.

Consideraciones jurídicas y decisión

El Consejo de Estado recordó que la suspensión provisional es una medida cautelar temporal cuyo objetivo es...